El reparto de los lotes del Programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche ha desatado una profunda tormenta política en el plano autonómico. La Secretaría de Educación de Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha manifestado su más enérgico rechazo e indignación ante la resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, mediante la cual se ha adjudicado el suministro de estos alimentos esenciales para las aulas a empresas distribuidoras radicadas fuera de la comunidad autónoma.
En concreto, la formación leonesista critica que el lote correspondiente al suministro de manzanas y peras haya recaído en una mercantil de la Comunidad Valenciana, mientras que el abastecimiento de leche ha sido asignado a una firma con sede social en Jaén (Andalucía). Desde UPL catalogan este dictamen como una «falta de respeto flagrante» hacia el sector primario de las provincias de León y Zamora.
El Bierzo y la cooperativa Gaza, los grandes damnificados
La formación resalta el sinsentido que supone recurrir a mercados exteriores cuando el territorio cuenta con sellos de calidad de prestigio internacional. Para el partido, resulta inexplicable que los pliegos de la Junta hayan ignorado la producción de la Pera Conferencia del Bierzo o el volumen frutícola de las cooperativas locales.
El agravio, argumentan, se vuelve especialmente sensible en el sector lácteo. En campañas anteriores, el abastecimiento de leche corría a cargo de la cooperativa Gaza (Zamora), un emblema industrial de la comunidad valorado por su generación de empleo y fijación de población en el entorno rural. Con el nuevo marco de adjudicación, la gestión pasa a manos andaluzas, un cambio de rumbo que la formación tacha de incomprensible. «Hemos pasado de apoyar a nuestros productores lácteos a financiar la logística de empresas situadas a cientos de kilómetros», lamentan desde la Secretaría de Educación del partido.
Críticas a la incoherencia del «kilómetro cero»
El comunicado emitido por UPL carga con dureza contra lo que denominan «postureo ecológico» e «hipocresía sistemática» por parte del Ejecutivo autonómico. Censuran que, mientras los discursos oficiales ensalzan la defensa del comercio de proximidad, la sostenibilidad y el concepto de «kilómetro cero», la práctica administrativa derive en el llenado de las mochilas escolares con alimentos que deben recorrer media España a bordo de camiones de gran tonelaje.
Esta dinámica de transporte genera, a ojos de los leonesistas, una huella de carbono inasumible que entra en contradicción directa con las normativas medioambientales de los propios fondos europeos que sufragan el programa. Asimismo, señalan la contradicción pedagógica que sufren los docentes en los colegios, obligados a instruir a los alumnos en el consumo local mientras en el periodo de recreo se les distribuye fruta de Valencia y briks de leche procedentes de Jaén.
Exigencia de responsabilidades en las Cortes
Ante esta situación, la Secretaría de Educación de UPL ha exigido una rectificación inmediata a la Consejería de Agricultura, así como una comparecencia pública en la que se detallen con transparencia los criterios técnicos que han motivado la exclusión de las opciones leonesas y zamoranas.
De manera paralela, la formación ha anunciado que trasladará el debate al plano parlamentario a través de su grupo en las Cortes de Castilla y León. El objetivo final será forzar una modificación estructural en la redacción de los futuros Pliegos de Cláusulas Administrativas, de modo que se incorporen de forma obligatoria parámetros determinantes de arraigo territorial, proximidad del producto y límites estrictos a las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte logístico.
