La Dirección General de Tráfico ha dado un paso clave para preparar la llegada de los vehículos autónomos a España. El Ministerio del Interior abrió el 8 de junio de 2026 una consulta pública previa para modificar la Ley de Seguridad Vial e incorporar una regulación específica sobre la circulación y el registro de los vehículos totalmente automatizados. El plazo de aportaciones finalizó el 23 de junio de 2026.
La iniciativa busca adaptar la normativa española a una realidad que ya no pertenece al futuro. Los vehículos capaces de circular sin intervención humana avanzan en Europa, y España quiere contar con un marco legal claro antes de su despliegue en carretera.
El debate no es solo tecnológico. También es jurídico. La gran pregunta que ya se plantea es directa: si un coche autónomo comete una infracción, ¿quién responde?
Según el documento analizado, Pyramid Consulting ha participado en esta consulta pública para aportar su visión jurídica sobre los retos que plantea la movilidad automatizada. La entidad subraya que la normativa actual gira en torno a la figura del conductor, pero los vehículos sin conductor obligan a revisar conceptos básicos como la responsabilidad, el régimen sancionador y la autorización para circular.
La reforma que prepara Tráfico pretende fijar los criterios necesarios para conceder la autorización administrativa de circulación, definir qué datos deberán constar en el Registro Nacional de Vehículos y establecer las reglas principales para el funcionamiento de estos sistemas. También busca aclarar el régimen de responsabilidad vinculado al uso de vehículos totalmente automatizados.
Este punto será decisivo para fabricantes, operadores tecnológicos, empresas de movilidad, aseguradoras, compañías de renting y usuarios. En el modelo actual, el conductor responde de muchas obligaciones. De hecho, la Ley de Seguridad Vial exige al conductor mantener la atención permanente a la conducción.
Con los coches autónomos, esa lógica cambia. La responsabilidad podría recaer, según cada caso, en el titular del vehículo, el operador del sistema, el fabricante o el desarrollador del software. Por eso, la regulación deberá concretar qué ocurre ante una multa, un fallo técnico o un siniestro.
La Unión Europea ya ha avanzado en este terreno. El Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1426 establece normas para la homologación del sistema de conducción automatizada de los vehículos totalmente automatizados, especialmente en supuestos como transporte en zonas predefinidas, trayectos punto a punto o estacionamiento automatizado.
Además, la normativa europea se ha actualizado para facilitar el despliegue de determinados sistemas, como el estacionamiento automatizado, tras los avances tecnológicos y regulatorios registrados desde 2022.
En paralelo, la DGT publicó en 2025 el nuevo Programa Marco de Evaluación de la Seguridad y Tecnología de Vehículos Automatizados, conocido como Programa ES-AV. Este marco regula y supervisa las pruebas de vehículos automatizados y de conducción remota en carreteras abiertas al tráfico general en España.
Para León, la futura regulación tendrá impacto en la movilidad urbana, las conexiones por carretera y el transporte profesional. La llegada de vehículos autónomos puede influir en la logística, el reparto, los servicios de transporte y la seguridad vial en ciudades medias, donde la convivencia entre peatones, ciclistas, autobuses, turismos y vehículos de nueva generación exigirá reglas claras.
La consulta pública también apunta a objetivos más amplios. La futura norma busca mejorar la seguridad vial, reducir la congestión, impulsar la sostenibilidad y proteger la ciberseguridad y los datos de los ciudadanos. El Gobierno considera que estas cuestiones deben integrarse en una norma con rango de ley por su relevancia jurídica.
Por ahora, no hay un texto legal definitivo. Sin embargo, la consulta marca el inicio de un proceso que será clave para saber cómo circularán los vehículos autónomos en España y bajo qué condiciones podrán operar.
La movilidad automatizada abre una nueva etapa. Pero antes de verla de forma habitual en las carreteras, Tráfico deberá resolver una cuestión esencial: quién asume la responsabilidad cuando quien conduce ya no es una persona.
