El Congreso de los Diputados abordará este jueves la condonación de deuda de Castilla y León, cifrada en 3.643 millones de euros. Sin embargo, la votación no supondrá todavía la aprobación definitiva de la medida.
El Pleno comenzará a las 11.00 horas y debatirá las enmiendas a la totalidad presentadas contra el proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. Por tanto, la Cámara decidirá si la iniciativa continúa su tramitación o regresa al Gobierno.
La condonación de deuda de Castilla y León alcanza los 3.643 millones
El anexo del proyecto asigna a Castilla y León una reducción de deuda de 3.643 millones de euros. Esta cantidad afecta al presupuesto autonómico y, de forma indirecta, a la financiación de servicios públicos que también se prestan en la provincia de León.
Por volumen absoluto, Castilla y León aparece por detrás de Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Galicia. Por ello, los 3.643 millones no constituyen la segunda cuantía más elevada, como se señala en algunas comunicaciones políticas, sino la séptima entre las autonomías incluidas en el reparto.
El Ejecutivo calcula que el Estado asumiría en conjunto 83.252 millones de euros. La operación se dirige a las comunidades de régimen común que decidan acogerse al mecanismo, con independencia de que mantengan o no préstamos pendientes con el Fondo de Liquidez Autonómico.
Euskadi y Navarra quedan fuera del proyecto debido a sus sistemas forales. Además, la adhesión de las comunidades beneficiarias tendrá carácter voluntario.
Cómo se aplicaría la reducción de la deuda autonómica
La norma contempla dos vías. En primer lugar, el Estado podrá cancelar préstamos concedidos mediante el Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. En segundo lugar, podrá asumir determinadas deudas que las autonomías mantienen con bancos u otros acreedores.
Para esta última opción, el proyecto crea un fondo específico que permitiría al Estado subrogarse en las operaciones financieras seleccionadas. En estos casos, la comunidad deberá solicitar la adhesión y será necesario contar con el consentimiento de los acreedores.
Hacienda sostiene que esta operación reduciría el pasivo regional, rebajaría el gasto en intereses y facilitaría que las autonomías recuperasen capacidad para financiarse directamente en los mercados. No obstante, la deuda no desaparece del conjunto de las administraciones españolas. En términos consolidados, pasa del subsector autonómico al Estado.
En la práctica, la medida no representa una transferencia directa para el Ayuntamiento de León ni para la Diputación. Su efecto se produciría sobre las cuentas de la Junta de Castilla y León, que financia competencias como sanidad, educación, dependencia y otros servicios autonómicos.
PP y Vox piden devolver el proyecto al Gobierno
El Partido Popular y Vox han presentado enmiendas a la totalidad. Ambas formaciones consideran que la operación traslada al conjunto de los contribuyentes las obligaciones contraídas por las comunidades autónomas.
El PP califica el proyecto de injusto e ineficaz. Además, sostiene que el mecanismo no soluciona los problemas del actual sistema de financiación y critica que la deuda asumida pase a ser atendida por la Administración central.
Por su parte, el Gobierno defiende que el reparto utiliza criterios técnicos comunes. Según su planteamiento, la metodología tiene en cuenta el incremento del endeudamiento durante la crisis financiera, la población ajustada, la financiación recibida por habitante y determinadas decisiones autonómicas sobre el IRPF.
Otra votación con 282 millones para Castilla y León
El Congreso también volverá a examinar este jueves los objetivos de estabilidad presupuestaria para el periodo 2027-2029. La propuesta concede a las comunidades autónomas un objetivo de déficit del 0,1 %.
Según los cálculos difundidos por Hacienda, ese margen equivaldría a 282 millones de euros para Castilla y León durante el periodo analizado. El primer planteamiento fue rechazado el 14 de julio por 178 votos frente a 167, con los votos en contra de PP, Vox y Junts.
Así, el Pleno afrontará dos decisiones relevantes para las finanzas de la Comunidad. Por un lado, decidirá sobre la continuidad de la condonación de deuda de Castilla y León. Por otro, votará de nuevo el margen presupuestario previsto para los próximos ejercicios.
