La distancia que separa una moqueta institucional de la mesa de un hogar humilde no se mide en kilómetros, sino en dignidad. Los últimos datos del IPC no son simples porcentajes para que los analistas debatan en televisión; son la crónica de un estrangulamiento planificado. La sensación generalizada en la calle es tan nítida como dolorosa: parece que nos quieren pobres, sumisos y demasiado ocupados en sobrevivir como para levantar la cabeza.
Esta asfixia la conocemos al milímetro en la Asociación Activos y Felices, donde el goteo de historias con rostro y nombre propio es constante. La realidad ha superado con creces las peores previsiones del asistencialismo. Ya no se trata únicamente de dificultades temporales, sino de una desestructuración profunda que abarca todas las facetas de la existencia humana. Atendemos a personas atrapadas en una espiral donde las distintas vertientes de la escasez se alimentan entre sí.
Hablamos de la pobreza alimenticia de familias enteras en nuestros barrios que se ven obligadas a hacer una sola comida al día. Ancianos que subsisten a base de sopas de sobre, que han olvidado el sabor del pescado fresco y para los que la carne o la fruta de temporada son productos prohibidos. Pero el plato vacío es solo la punta del iceberg. A su lado convive la pobreza energética, que obliga a elegir entre encender la calefacción o pagar el recibo de la luz, y la pobreza farmacológica, una realidad silenciosa donde nuestros mayores descartan medicamentos recetados porque no pueden asumir el copago mensual. A esto se suma la desesperante pobreza para acceder a una vivienda digna, con precios de alquiler que expulsan a los vecinos de sus entornos habituales y los condenan a la precariedad habitacional.
Llegados a este punto, cabe preguntarse qué otras formas de exclusión nos quedan por ver. La respuesta es desoladora. En el trabajo de campo diario somos testigos de la pobreza relacional, esa soledad no deseada que marchita la salud mental de los más vulnerables y los aísla del tejido social. También combatimos la pobreza digital, una brecha invisible que excluye a miles de personas de la administración, las citas médicas o la búsqueda de empleo al carecer de dispositivos o de la formación para usarlos. Y, por supuesto, la pobreza emocional, el desgaste invisible de vivir en un estado de alerta y estrés crónico ante la incertidumbre de no saber si se podrá mantener el techo el próximo mes.
Frente a este mapa de la precariedad, la respuesta de nuestra clase dirigente es un insulto diario. Asistimos a un espectáculo bochornoso basado en el «y tú más», un bucle infinito de reproches cruzados, comisiones de investigación partidistas y promesas electorales que se evaporan al día siguiente de votar. Exigimos que los políticos dejen el barro de una vez por todas y se pongan a trabajar. Queremos presupuestos reales, queremos conocer las cuentas con total transparencia y, por encima de todo, queremos que dejen de hacernos daño con su inacción. Si no son capaces de garantizar que la gente pueda vivir con dignidad, que tengan la decencia de dimitir, recoger sus pertenencias e irse.
La parálisis de las instituciones nos está empujando a un abismo. Si quienes ocupan los despachos no reaccionan ante el dolor de sus ciudadanos, la única salida digna que le queda a este país es recuperar la soberanía de la calle. Es hora de invitar a los españoles a salir en una multitud silenciosa, una marea humana que no necesite de siglas políticas, banderas ideológicas ni portavoces de partido que intenten patrimoniar el descontento. No se trata de bloques políticos; se trata del derecho elemental a tener una vida digna, y el silencio de miles de ciudadanos marchando juntos será el grito más ensordecedor que jamás hayan escuchado en sus palacios de cristal.
Opinión: Belen Aren
