La publicación de los datos del IPC en Castilla y León correspondiente al mes de junio dibuja un escenario de resistencia financiera para la clase trabajadora. La tasa de variación anual se ha situado en la comunidad en el 3,1%, apenas una décima por debajo de la media nacional. Sin embargo, este aparente equilibrio esconde desajustes territoriales y una brecha sangrante entre lo que cuestan las cosas y lo que se ingresa a fin de mes. A nivel provincial, el comportamiento es dispar: León y Soria lideran las subidas con un repunte del 3,3%, mientras que Ávila se posiciona en el extremo opuesto con un 2,8%. En el mapa autonómico, la región ocupa una posición intermedia, lejos del 3,8% registrado en Madrid, pero a una distancia sideral del 2,4% de Extremadura.
El verdadero problema no es solo cuánto suben los precios, sino qué es lo que sube. Al analizar el comportamiento por grupos de productos, la conclusión es alarmante: el ciudadano solo encuentra un respiro en el sector del vestido y el calzado, que anota un descenso del 1,9%. Todo lo demás se encarece, y lo hace en parcelas sensibles para cualquier economía doméstica. La vivienda se dispara un 5,2%, arrastrada en gran parte por la retirada desde el 1 de junio de las medidas de escudo sobre la electricidad. Le siguen de cerca sectores vinculados al consumo diario y el ocio, como los restaurantes y alojamientos (4,8%) y un transporte (4,7%) que, tras una breve tregua el mes pasado, amenaza con volver a repuntar debido a la retirada escalonada de las ayudas a los carburantes.
Ante esta radiografía, el sindicato UGT Castilla y León ha alzado la voz para advertir de que «los salarios vuelven a verse desbordados». No se trata de una queja retórica, sino de pura matemática de bolsillo. Con una inflación regional del 3,1% y unas nóminas que crecen a un lánguido 2,77% —frente al 2,92% de la media del país—, los trabajadores de la comunidad pierden poder adquisitivo a mayor velocidad que el resto de los españoles. La organización califica esta brecha de «inasumible», ensañándose especialmente con los hogares con menores recursos y menor capacidad de maniobra.
El diagnóstico sindical apunta a un mal crónico. UGT denuncia que la desventaja salarial de Castilla y León respecto al conjunto de España es ya una dolencia «endémica» que se prolonga desde hace una década, condenando a la población local a sufrir un sobrecoste sistemático en su consumo diario. La situación se agrava al destapar la parálisis de la concertación social: actualmente existen más de 100 convenios colectivos sectoriales sin renovar en la comunidad, lo que mantiene congeladas y sin actualizar las nóminas de unas 190.000 personas en lo que va de año 2026. Por ello, exigen que la negociación colectiva incorpore de urgencia cláusulas de garantía salarial y propone un calendario de incrementos del 4% anual para el periodo 2026-2028, blindado con revisiones automáticas si la inflación supera lo pactado.
Las perspectivas para el otoño no invitan al optimismo y están ligadas a la geopolítica internacional. Los efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo, marcado por las tensiones y ataques entre Israel, Estados Unidos e Irán, amenazan con activar una espiral inflacionista a través del encarecimiento del crudo. El sindicato confía en que las medidas de contingencia aprobadas alivien el impacto de la guerra, pero insiste en la necesidad de pasar de los parches generales a las ayudas directas y focalizadas en las rentas más vulnerables. En una comunidad donde la recuperación económica amenaza con edificarse sobre el sacrificio del bolsillo obrero, el margen de ajuste parece haberse agotado.
