Hay debates que se dan por cerrados en los parlamentos de Bruselas pero que siguen sangrando en las fincas y dehesas de la península. La jornada ‘Las mentiras del cambio climático. Mitos, Contradicciones y Realidades del Mundo Rural’, celebrada en la finca pacense de El Toril y organizada por APAG Extremadura Asaja, se ha convertido en el escenario de una enmienda a la totalidad de las políticas verdes comunitarias. El encargado de ponerle voz y peso institucional a este malestar ha sido Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, flanqueado por su homólogo extremeño, Juan José García.
Pino no ha recurrido a los habituales eufemismos de la diplomacia política. En una mesa redonda de marcado carácter técnico e ideológico, el consejero ha recordado que el clima «siempre ha experimentado variaciones a lo largo de la historia» con ciclos variables de temperaturas y lluvias. Su tesis es clara: no se puede instrumentalizar la crisis climática como una «excusa» para legislar de espaldas a la economía del territorio y asfixiar administrativamente a quienes realmente gestionan el paisaje.
La paradoja del ecologismo punitivo, según el análisis del mandatario de Castilla y León, se evidencia en el abandono del campo. Lejos de proteger el entorno, la pérdida progresiva de explotaciones agrícolas y ganaderas está provocando una acumulación descontrolada de biomasa y combustible vegetal en los montes. Al vaciar los pueblos de ovejas y tractores, la naturaleza pierde sus cortafuegos tradicionales, multiplicando paradójicamente el riesgo y la gravedad de los incendios forestales en la temporada estival. La producción de alimentos, ha defendido, es la mejor herramienta de conservación que existe.
Frente a este escenario, la Consejería se marca como prioridad absoluta evitar la criminalización de pilares históricos del entorno rural como la agricultura, la ganadería de extensivo y la caza, prometiendo una poda radical de la selva burocrática que ahoga al sector. El dardo principal ha ido dirigido contra la línea de flotación de las directrices comunitarias: la Agenda 2030, el Pacto Verde Europeo y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’. Para el Ejecutivo castellanoleonés, la traducción de estos planes dentro de la Política Agraria Común (PAC) se resume en más trabas, menos rentabilidad y un muro insalvable para el relevo generacional de los jóvenes agricultores.
Para revertir esta inercia, la Junta ya trabaja en medidas concretas que chocan frontalmente con el actual consenso regulatorio. Entre ellas destaca el estudio para recuperar la autorización de usos tradicionales que hoy están perseguidos, como la quema controlada de rastrojos, entendida como una práctica agronómica y de limpieza necesaria para la salud de los suelos y la prevención de plagas.
En el plano sanitario y de gestión de la fauna silvestre, el consejero ha prometido mano dura contra aquellas especies que actúan como vector de enfermedades para la cabaña ganadera y boicotean las campañas de saneamiento. Ha puesto nombres y apellidos a la amenaza, señalando directamente al jabalí por su responsabilidad en la expansión de la peste porcina africana (PPA), un riesgo latente para la industria cárnica nacional. Esta firmeza con las especies invasoras o superpobladas contrastará, según el consejero, con un esfuerzo por recuperar fauna con un arraigo cultural e histórico incuestionable en Castilla y León, como la liebre o el lince ibérico, cuyas poblaciones actuales se consideran preocupantes.
El análisis de Pino ha cerrado con una reivindicación comercial que lleva años encendiendo las protestas del campo: la falta de reciprocidad con terceros países. Mientras Bruselas exige a los productores locales unos estándares medioambientales estrictos y prohíbe el uso de fitosanitarios eficaces, abre las aduanas a importaciones extracomunitarias que no cumplen ninguna de estas reglas, consolidando una situación de competencia desleal intolerable. La conclusión del consejero sintetiza el giro político e ideológico que abandera su departamento frente a las corrientes conservacionistas: la PAC debe volver a su esencia productiva y profesional, porque «el medio natural tiene que estar al servicio del hombre y no al revés».
