La segunda bolsa de secretarios-interventores interinos de Castilla y León ya presta servicio a 53 nuevos municipios apenas dos meses después de su puesta en marcha. La iniciativa de la Consejería de la Presidencia busca garantizar el funcionamiento administrativo de los ayuntamientos cuando se producen vacantes o ausencias temporales en estos puestos esenciales.
El sistema está integrado por 1.243 profesionales y se dirige especialmente a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Estos representan alrededor del 97 % de los ayuntamientos de Castilla y León, una circunstancia que convierte la cobertura de estos puestos en una cuestión especialmente relevante para el medio rural.
La Junta pretende así reducir los problemas que puede provocar la falta temporal de un secretario-interventor. Entre sus principales funciones se encuentran el asesoramiento jurídico, la fe pública de los acuerdos municipales y el control económico, financiero y presupuestario.
Una bolsa pensada para los pequeños municipios
La ausencia de estos funcionarios puede afectar directamente a la actividad diaria de un ayuntamiento. Por ejemplo, puede dificultar la tramitación de expedientes, la celebración de plenos o determinados procedimientos económicos y administrativos.
Por este motivo, la bolsa autonómica permite recurrir con mayor rapidez a personal preparado cuando queda una plaza temporalmente sin cubrir.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha destacado que este mecanismo permite disponer de profesionales cualificados ante vacantes o ausencias y refuerza especialmente la capacidad administrativa de los municipios más pequeños.
Además, la Junta considera que la incorporación de nuevos integrantes mejora la seguridad jurídica y facilita el funcionamiento ordinario de las entidades locales.
Más de 1.100 municipios atendidos desde 2023
La nueva convocatoria toma el relevo de la primera bolsa autonómica, que comenzó a funcionar en septiembre de 2023.
Desde entonces, aquel primer sistema permitió cubrir de forma temporal puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional en 1.171 municipios, lo que supone más del 52 % de los ayuntamientos de Castilla y León.
De esas coberturas, 899 municipios estaban integrados en 320 agrupaciones que comparten secretario-interventor. Asimismo, se realizaron nombramientos en otros 238 municipios con plaza individual.
El sistema también llegó a dos mancomunidades, a las diputaciones provinciales de Segovia y Zamora y al Consejo Comarcal del Bierzo.
Ahora, la segunda edición amplía esa red con otros 53 municipios en menos de dos meses.
1.243 personas forman la nueva bolsa
La actual bolsa de secretarios-interventores interinos de Castilla y León se divide en dos secciones.
La primera cuenta con 303 integrantes procedentes de aspirantes remitidos por el Instituto Nacional de Administración Pública. Se trata de personas que habían superado alguno de los ejercicios de la correspondiente oposición.
La segunda sección reúne a 940 profesionales. En ella se encuentran quienes superaron el curso de acceso organizado por la Consejería de la Presidencia y aquellos aspirantes que estaban exentos de realizarlo.
Dentro de este segundo grupo se han incorporado 338 nuevos efectivos, aumentando así la capacidad de respuesta ante las peticiones de los ayuntamientos.
Una necesidad especialmente vinculada al medio rural
Castilla y León cuenta con más de 2.200 municipios y una estructura territorial caracterizada por la abundancia de localidades pequeñas.
En provincias con un marcado componente rural como León, la continuidad de estas funciones resulta especialmente importante para mantener la gestión municipal, aunque la información facilitada por la Junta no detalla cuántos de los 53 nuevos ayuntamientos atendidos pertenecen a cada provincia.
La finalidad de la bolsa es, precisamente, evitar que una ausencia temporal paralice o retrase procedimientos municipales esenciales.
De esta forma, la Administración autonómica mantiene una herramienta que desde 2023 ha adquirido un peso creciente en el funcionamiento de los pequeños consistorios de la Comunidad.
