El patrimonio histórico español arrastra, desde hace décadas, una anomalía democrática si se compara con el entorno internacional: los presidentes del Gobierno se marchan a casa con sus archivos bajo el brazo. No hay obligación legal de hacerlos públicos. Por eso, lo que acaba de suceder en los despachos del Archivo Histórico Provincial de León (AHP) no es solo una buena noticia local; es un auténtico terremoto para la historiografía contemporánea de este país.
Por primera vez, las bambalinas del poder de los últimos años del franquismo y los albores de la Transición quedan expuestas a la consulta de los ciudadanos.
La presentación oficial del fondo documental ‘Arias Navarro’ se ha vestido de largo coincidiendo de lleno con la Semana Internacional de los Archivos. El acto ha reunido a las autoridades políticas y académicas que han hecho encaje de bolillos para que este tesoro no terminara en un desván privado o fuera de nuestras fronteras. Eva Merino, directora del AHP, y el delegado territorial Eduardo Diego han capitaneado una puesta de largo flanqueada por el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, Javier Rodríguez, el hombre que dio la voz de alarma sobre el valor de los legajos.
El volumen de lo recuperado marea: más de 1.000 unidades documentales y unas 5.000 fotografías que retratan la vida pública y privada de Carlos Arias Navarro.
Hablamos de un personaje cuya biografía cruza de manera transversal el siglo XX español. Antes de ser el último presidente del Consejo de Ministros de Franco y el primero de la monarquía de Juan Carlos I (entre 1974 y 1976), Arias Navarro dejó una huella profunda en el norte como gobernador civil de León entre 1944 y 1949, un territorio que ahora, en una carambola del destino, custodiará sus secretos más íntimos.
Lo que los investigadores van a encontrar al abrir esas cajas de cartón gris es el reverso de la historia oficial.
Entre los papeles más cotizados de la donación sobresalen los borradores mecanografiados, las notas manuscritas y los textos preparatorios de aquella mañana del 20 de noviembre de 1975 en la que, con voz temblorosa frente a las cámaras de Televisión Española, pronunció el célebre: “Españoles… Franco ha muerto”. Esos papeles, que congelaron el pulso de un país, se guardan hoy en exclusiva en León.
Pero hay mucho más fango político e institucional en el lote. La documentación arroja luz sobre la gestión interna tras el atentado de ETA contra el almirante Carrero Blanco, los entresijos de la ejecución a garrote vil del anarquista Salvador Puig Antich, o la correspondencia directa y sin filtros diplomáticos con mandatarios de la talla de Gerald Ford o Henry Kissinger en plena Guerra Fría. Agendas personales, pasaportes y hasta informes médicos privados completan un puzle que destila el olor de una época gris y convulsa.
¿Cómo ha terminado este archivo en León? La ruta de los documentos parece sacada de una novela de espías de la posguerra.
Tras morir Arias Navarro y su esposa sin dejar descendencia, los papeles viajaron a la sede madrileña de la Hullera Vasco-Leonesa. De ahí, la Fundación de la minera los trasladó a la localidad de La Robla. Cuando el centro de formación profesional donde descansaban cambió de manos y pasó a la sociedad IBECOM, su administrador, Lorenzo Alonso Nistal, entendió que aquello no era mercancía de liquidación, sino memoria pura. Su empeño personal inició los contactos que culminaron en febrero de este mismo año, cuando la Junta de Castilla y León aceptó formalmente la donación.
Como bien recordaba el delegado territorial durante la presentación, los archivos no son almacenes de papel muerto o estanterías donde acumular polvo. Son espacios de resistencia frente al olvido. A partir de hoy, la Transición española se estudia, obligatoriamente, desde León.
