La industria agroalimentaria de Castilla y León, integrada por más de 2.700 empresas, ha trasladado sus prioridades de gestión al Gobierno autonómico en un encuentro de trabajo centrado en la capacitación profesional y las infraestructuras energéticas. El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto a la directiva de la asociación Vitartis encabezada por su presidente Santiago Miguel, ha analizado los condicionantes que frenan el crecimiento del motor industrial de la región.
Un eje prioritario de las conversaciones se orienta al ámbito educativo y laboral. La administración regional y la patronal establecerán vías de colaboración para estrechar el vínculo entre las universidades públicas y el tejido empresarial. Esta alianza busca ajustar los planes formativos a los perfiles demandados, dar a conocer las salidas profesionales entre el alumnado e integrar los programas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL) en los procesos de selección y cualificación de las compañías.
El déficit de capacidad en la red eléctrica regional ha centrado el debate operativo. Vitartis advirtió sobre las limitaciones operativas que la falta de suministro impone a las plantas de procesamiento. Frente a esta situación, la Consejería reiteró la exigencia dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica respecto a la aprobación definitiva de la planificación de red 2025-2030.
Desde la Administración autonómica se reclama que el marco normativo nacional agilice los accesos a la red para frenar movimientos especulativos y ordene la capacidad disponible. La petición formal cursada a finales de diciembre de 2025 exige la construcción de nuevas subestaciones y el refuerzo de las instalaciones existentes. Los representantes autonómicos sostienen que la elevada tasa de generación de energía renovable implantada en la Comunidad debe traducirse en un acceso prioritario para sus propias plantas fabriles.
En el plano regulatorio, el sector mantendrá su consideración de ámbito estratégico dentro del borrador del III Plan Director de Promoción Industrial, cuya vigencia se extenderá hasta 2030. Este encuadre técnico garantizará ventajas administrativas específicas y se complementará con la implantación de medidas destinadas a la simplificación de trámites burocráticos para las empresas asociadas.
