Izquierda Unida León ha escenificado su rechazo frontal a las propuestas de prospección y explotación minera de fosfatos proyectadas en la montaña central leonesa, un área comprendida entre las cuencas de los ríos Bernesga y Esla. La organización política fundamenta su postura en los potenciales riesgos medioambientales y sanitarios que este tipo de minería extractiva intensiva podría acarrear para el entorno, censurando de forma paralela la línea de actuación de la Junta de Castilla y León al facilitar la tramitación de estas licencias.
El argumento central de la formación advierte que la extracción de este mineral suele vincularse a la acumulación de residuos con presencia de metales pesados y elementos radiactivos, sustancias que amenazan con filtrarse a los acuíferos subterráneos y contaminar la red hídrica superficial. Desde el punto de vista de la salud comunitaria, sostienen que la dispersión de partículas finas en el aire incide de forma directa en el incremento de dolencias respiratorias crónicas y eleva la exposición ciudadana a compuestos nocivos, invalidando las promesas de reactivación económica que suelen acompañar a estas inversiones.
Alba Díez, responsable de Mundo Rural y Medio Ambiente de la delegación provincial, ha criticado el modelo de desarrollo propuesto, calificándolo de cortoplacista y ajeno a las necesidades de fijación de población en el medio rural. A juicio de la portavoz, las comarcas afectadas requieren inversiones públicas destinadas a consolidar servicios esenciales y a fomentar sectores como la ganadería extensiva, la agricultura de proximidad y el turismo ecológico, en lugar de arriesgar el patrimonio natural de zonas damnificadas por la despoblación.
Como medida inmediata, Izquierda Unida exige el bloqueo administrativo de los permisos en curso y la elaboración de auditorías de impacto sanitario independientes y acumulativas que respeten el principio de precaución legal. La formación demanda, además, un mecanismo de consulta ciudadana vinculante y transparente para las poblaciones locales, bajo la premisa de que la protección de los recursos hídricos y la salud pública deben prevalecer sobre los rendimientos económicos de corporaciones privadas
