El sol aprieta en el campo de Castilla y León y las cuadrillas ultiman preparativos para una vendimia adelantada, pero los ánimos en el viñedo están lejos de ser festivos. A pocas semanas de que entren los primeros remolques en las bodegas, la organización profesional agraria ASAJA ha dado la voz de alarma ante lo que califica abiertamente como una estrategia deliberada para derribar las cotizaciones de la uva, extendiendo un clima de nerviosismo infundado entre los productores.
La maniobra denuncia un intento de rasar a la baja los precios de forma generalizada, sin atender a la realidad de las distintas zonas ni a la excelencia del fruto. Conviene recordar la singularidad del mapa vitivinícola de la comunidad: casi el 95% de la superficie de viñedo está amparada por Denominaciones de Origen y sellos de calidad. Producir bajo esta cobertura exige al viticultor asumir costes de certificación elevados y rendimientos más estrictos que no admiten ser pagados a precio de vino a granel.
Frente a esta presión, el sindicato agrario apela al cumplimiento a rajatabla de la Ley de la Cadena Alimentaria, situando la pelota en el tejado de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental para que despliegue inspecciones desde el primer día de recogida. La organización insiste en tres líneas rojas que consideran innegociables:
-
Prohibición efectiva de la venta a pérdidas, garantizando que el precio cubra los costes reales de producción.
-
Obligatoriedad de suscribir contratos por escrito con carácter previo a la entrega del fruto.
-
Liquidación del pago en un plazo máximo de 30 días, erradicando demoras como las que todavía arrastran algunos viticultores con cantidades pendientes de cobro de la campaña 2025.
| Exigencia de la Ley de la Cadena | Situación denunciada por ASAJA | Impacto en el viticultor |
| Cobertura de costes de producción | Intentos de igualar precios al vino a granel | Riesgo de rentabilidad en el 95% del viñedo protegido |
| Contrato previo formalizado | Operaciones sin condiciones fijadas de antemano | Vulnerabilidad y falta de seguridad jurídica |
| Pago a 30 días máximo | Incumplimientos con pagos pendientes de 2025 | Asfixia financiera para las explotaciones familiares |
El malestar es mayor si se tiene en cuenta que el sector elaborador se beneficia de importantes partidas presupuestarias de la PAC destinadas a la promoción internacional y la apertura de mercados. Los agricultores han cumplido su parte adaptando parcelas y sacrificando kilos en favor de la calidad; por ello, reclaman que las bodegas busquen su margen en la aportación de valor al producto final y no en el estrangulamiento de la materia prima. El equilibrio entre el campo y la industria no es una cuestión de cortesía empresarial, sino la única garantía de supervivencia para los territorios vitícolas de la región.
