El incremento de la flota de vehículos eléctricos e híbridos en el parque automovilístico español ha venido acompañado de tensiones en recintos cerrados de estacionamiento. Ciertas empresas y comunidades de propietarios han intentado limitar o vetar el acceso de estos automóviles a sus plazas de parking, alegando supuestos problemas de sobrepeso en las estructuras o un supuesto riesgo incrementado de incendio en las baterías de litio.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha intervenido de forma contundente ante las constantes quejas registradas para aclarar la posición del ordenamiento jurídico: ninguna norma permite prohibir de forma generalizada el aparcamiento de vehículos electrificados. Lejos de amparar este tipo de restricciones, los marcos legales de ámbito nacional y comunitario promueven activamente la transición hacia la movilidad eléctrica, contemplando medidas para facilitar la implantación de infraestructuras de recarga en edificaciones urbanas.
En el contexto de los aparcamientos públicos, la dirección de las instalaciones no puede denegar el acceso basándose en la tipología del motor. La seguridad del recinto debe quedar garantizada mediante el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia de protección contra incendios, la cual aplica a la totalidad de los vehículos estacionados.
Existe únicamente una salvedad de carácter excepcional. En aquellos recintos cuyas instalaciones no se hayan acondicionado o adecuado a las exigencias normativas mínimas de seguridad, la restricción de acceso solo podrá aplicarse de manera temporal mientras se efectúen las adaptaciones técnicas necesarias.
El régimen en las comunidades de propietarios
Dentro de las fincas de régimen de propiedad horizontal, la legislación tampoco ampara que las juntas de vecinos aprueben acuerdos para impedir el estacionamiento de coches híbridos o eléctricos en las plazas de garaje privadas o concesionadas. Asimismo, los propietarios conservan el derecho legal de instalar puntos de recarga individual en su respectiva plaza, trámite que únicamente requiere la comunicación previa a la comunidad sin que esta pueda oponerse o vetar la instalación.
Las reticencias manifestadas por ciertos colectivos se fundamentan en percepciones de riesgo que contradicen las estadísticas oficiales y los análisis de seguridad independientes.
Estadísticas sobre la tasa de incendios
Diversas investigaciones internacionales han desmontado el mito de que los automóviles con batería presenten una mayor siniestralidad por fuego frente a los modelos de combustión interna:
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Agencia Sueca de Contingencias Civiles: Los vehículos eléctricos registran una probabilidad de sufrir un incendio 20 veces menor en comparación con las unidades propulsadas por gasolina o diésel.
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AutoinsuranceEZ: El estudio de la aseguradora estadounidense refleja una incidencia de 25 incendios por cada 100.000 vehículos eléctricos, cifra considerablemente inferior a los 3.475 casos registrados por cada 100.000 automóviles de combustión tradicional.
A pesar de que la naturaleza de los fuegos en baterías de litio presenta una complejidad técnica distinta para los equipos de extinción al requerir protocolos específicos de enfriamiento, la frecuencia de aparición de estos eventos resulta sustancialmente más baja.
Ante la presencia de carteles o reglamentos internos que veten el acceso a estos automóviles en aparcamientos públicos o comerciales, la OCU aconseja exigir la hoja de reclamaciones, solicitar la fundamentación jurídica del acuerdo adoptado y tramitar la correspondiente denuncia ante los servicios de Consumo o la autoridad administrativa competente.
