La batalla judicial contra la regularización extraordinaria de extranjeros ha encallado en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado paralizar de forma cautelar el Real Decreto aprobado por el Gobierno central, permitiendo que la norma siga plenamente vigente y aplicándose en todo el territorio nacional.
La decisión llega tras una intensa jornada de deliberaciones en la que los magistrados estudiaron a fondo los recursos presentados por la Comunidad de Madrid, Vox y tres entidades civiles. Todos ellos buscaban congelar de inmediato una normativa que, desde su entrada en vigor el pasado 16 de abril, ha desatado un auténtico aluvión de peticiones en las Oficinas de Extranjería.
Falta de legitimación y rechazo a las cautelares
El tribunal organizó cinco vistas sucesivas para escuchar los argumentos de los recurrentes: el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso, Vox, la plataforma Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y la Asociación Libertad y Justicia. El primer corte del Supremo fue técnico. Los magistrados inadmitieron los recursos de las tres asociaciones civiles por una razón jurídica contundente: falta de legitimación activa. Al considerar que carecen de la capacidad legal necesaria para impugnar este decreto, sus peticiones de suspensión ni siquiera se llegaron a valorar.
El escenario fue muy distinto para Vox y el Gobierno madrileño. En su caso, el Supremo sí les reconoció el derecho a pleitear contra el Real Decreto del Ejecutivo. Sin embargo, esto no se tradujo en una victoria para su estrategia. Los jueces denegaron la suspensión cautelar al no encontrar argumentos que demostraran la existencia de «perjuicios irreparables» si la norma se mantiene activa mientras se dicta una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto.
Más de medio millón de solicitudes en un mes
Mientras el debate jurídico se tensaba en las salas del Supremo, la maquinaria administrativa de la regularización no ha dejado de funcionar. El Abogado del Estado aportó durante las vistas los datos más recientes del impacto de la medida, que reflejan la magnitud del proceso.
Hasta el 21 de mayo, las oficinas públicas han registrado un total de 549.596 solicitudes de regularización. De este enorme grueso burocrático, la Administración ya ha admitido a trámite 91.505 peticiones para su análisis detallado.
Este nuevo auto del Alto Tribunal consolida la vigencia de la norma y sigue la estela del pasado 16 de abril, cuando los jueces ya rechazaron unas medidas «cautelarísimas» urgentes. La prudencia del Supremo deja claro que el proceso migratorio no se va a detener de forma fulminante, al menos hasta que el tribunal deshoje la margarita de la legalidad del decreto en su futuro fallo definitivo. Los fundamentos jurídicos detallados se conocerán en los próximos días cuando se notifiquen los autos a las partes.
