La primera comparecencia parlamentaria del nuevo consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha arrancado con una fuerte marejada política. El representante propuesto por VOX aprovechó su estreno en la Comisión de las Cortes autonómicas para marcar una estricta línea discursiva respecto a la identidad territorial, negando de forma explícita la existencia de la Región Leonesa. Una postura que ha encendido de inmediato los ánimos de Unión del Pueblo Leonés (UPL).
El detonante del choque fue la respuesta del consejero abulense a la intervención de los leonesistas, refiriéndose a su territorio histórica y políticamente reclamado como «lo que ustedes llaman Región Leonesa». Lejos de matizar el comentario, Pino redobló la apuesta al asegurar que dicha demarcación es únicamente «algo que ustedes llevan políticamente» y reprochó a los procuradores de UPL su insistencia identitaria bajo el argumento de que «la región que tenemos es Castilla y León» y que «aquí todos somos castellanos y leoneses».
La réplica de UPL no se ha hecho esperar, calificando la intervención como una muestra inequívoca de «la verdadera cara de VOX, la de la incoherencia». La formación leonesista ha recordado la dualidad del discurso de los de Santiago Abascal, criticando que el mismo partido que ahora niega su identidad en el parlamento autonómico es el que, durante la campaña electoral en Ponferrada, ensalzaba la importancia del león en el escudo nacional y prometía respetar la idiosincrasia de los pueblos de España.
El laberinto de la legitimidad histórica
Desde las filas de UPL se ha invitado al nuevo consejero a «informarse mejor» antes de abordar la arquitectura territorial de la comunidad. Joaquín Antonio Pino justificó la pertenencia actual de León, Zamora y Salamanca al mapa autonómico apelando a que se trata de «la delimitación territorial que nos hemos dado todos los españoles».
Sin embargo, el leonesismo histórico rebate categóricamente esta lectura jurídica. UPL recuerda que la verdadera delimitación refrendada por la ciudadanía fue la Constitución de 1978, donde se reconoce el derecho a la autonomía de las regiones históricas —entre las que figuraba la Región Leonesa—. Por contra, definen el marco actual de Castilla y León como un «híbrido birregional» que no existía formalmente y que fue diseñado y aprobado «en los despachos» en 1983, sin someterse nunca a un plebiscito directo de los habitantes de las tres provincias occidentales.
Una estrategia de partido consolidada
La postura de Joaquín Antonio Pino no es un hecho aislado, sino la continuación de una línea ideológica que VOX mantiene de forma persistente en las Cortes. El actual responsable de la cartera de Agricultura sigue la estela de su predecesor en el cargo, Gerardo Dueñas, quien en 2022 ya generó una agria polémica al sugerir que la marca de quesos de la comunidad debía llamarse únicamente «castellano», excluyendo el término «leonés» por criterios supuestamente comerciales de apertura de mercado.
El historial de agravios que maneja UPL respecto a la formación de derechas incluye nombres propios que han escalado posiciones tras defender estas tesis. Es el caso de Susana Suárez Villagrá, actual Secretaria Tercera de la Mesa de las Cortes, quien en 2024 rechazó una iniciativa leonesista para promocionar el Reino de León como Cuna del Parlamentarismo bajo el argumento de que se pretendía «hacer distinciones» dentro de la comunidad. En una línea idéntica se situó el exportavoz Miguel Suárez Arca, quien llegó a tildar el debate en sede parlamentaria de «panacea autonomista de la supuesta Región Leonesa».
Para UPL, el estreno de Pino confirma de forma definitiva que la hoja de ruta de la coalición para la presente legislatura continuará anclada en el «negacionismo de la regionalidad leonesa». Un veto institucional que ya se materializó el año pasado cuando PP y VOX unieron sus votos en la Mesa de las Cortes para bloquear y dejar fuera del orden del día una moción que solicitaba, formalmente, la convocatoria de una consulta popular para que los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca decidieran su propio futuro autonómico.
