La gestión de las cuentas públicas en Astorga ha entrado en un terreno pantanoso. Tras casi cinco meses de silencio y lo que la Fundación Franz Weber califica como una actitud «obstruccionista», el Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha admitido finalmente a trámite la queja contra el Ayuntamiento. El motivo: la falta de claridad sobre el dinero invertido en el adecentamiento de la plaza de toros y la organización de la novillada del pasado año.
Todo comenzó en 2025, cuando el Gobierno local anunció una serie de reformas estructurales en el coso municipal. Lo que se presentó como un «arreglo y adecentamiento» de dos meses —que incluyó desde repintados hasta reparaciones de grietas— parece haber sido, según los denunciantes, una alfombra roja financiada con impuestos para un evento que terminó en un evidente fracaso de asistencia.
Una respuesta insuficiente para la supervisión ciudadana
La polémica no solo reside en si se debe o no financiar la tauromaquia con fondos públicos, sino en el derecho de los ciudadanos a saber exactamente cuánto se ha gastado. Cuando la Fundación Franz Weber solicitó el desglose de costes, la respuesta del consistorio fue, cuanto menos, esquiva: remitieron a los naturalistas al «Portal de Transparencia» y al «Perfil del Contratante» de forma genérica, sin facilitar cifras concretas.
Esta práctica, habitual en administraciones que buscan entorpecer la supervisión ciudadana, es la que ahora ha forzado la intervención del Comisionado. Los naturalistas sostienen que:
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Se empleó personal y medios municipales de forma intensiva.
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El coste de una novillada de estas características suele ascender a varias decenas de miles de euros.
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Las obras supusieron un «regalo» al lobby taurino que no se tradujo en un beneficio para la ciudad, dada la escasa entrada registrada.
¿Un «regalo» al lobby taurino a costa del contribuyente?
Para la ONG internacional Franz Weber, los hechos son claros. Consideran que el despliegue de medios, la colocación de lonas y la difusión publicitaria del evento no fueron más que un intento desesperado por salvar un festejo que no concitó ni media entrada.
La admisión a trámite por parte del Comisionado supone un punto de inflexión. Ahora, el Ayuntamiento de Astorga está obligado por los cauces administrativos reglamentarios a poner las cartas sobre la mesa y detallar cada euro empleado en las reparaciones y en la gestión de la novillada.
Este caso reabre el debate sobre el buen gobierno y la obligatoriedad de las instituciones de ser proactivas en la rendición de cuentas, especialmente en eventos que generan una fuerte división social y ética. La transparencia no es una opción o un enlace a una web genérica; es un derecho fundamental de los vecinos de Astorga.
