La tensión política se cobra una nueva víctima en las aulas. Desde UGT Servicios Públicos han manifestado una profunda preocupación tras el bloqueo en la Conferencia General de Política Universitaria, un órgano clave cuya parálisis ha impedido dar luz verde al reparto de los fondos del Programa María Goyri. Esta falta de acuerdo deja en el aire la inyección económica prevista para sufragar la incorporación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas españolas, un eslabón fundamental para oxigenar las plantillas docentes.
El freno burocrático no es una cuestión menor de forma: implica congelar la transferencia de casi 150 millones de euros destinados a la contratación de unos 3.400 profesores. Estas plazas resultan clave para rebajar las altas tasas de precariedad, renovar unos departamentos envejecidos y cumplir con los requisitos fijados en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Desde la central sindical advierten de que esta parálisis altera directamente la planificación de las asignaturas del próximo curso, resintiendo la calidad de la enseñanza y frenando la actividad de los grupos de investigación.
Frente a este escenario de confrontación entre administraciones, el sindicato exige un ejercicio inmediato de lealtad institucional. UGT insiste en que el personal docente e investigador y el conjunto del estudiantado no pueden ser rehenes de cálculos políticos, reclamando el desbloqueo urgente de la financiación comprometida. Para la organización, asegurar una universidad pública fuerte pasa necesariamente por ofrecer estabilidad laboral, fijar presupuestos previsibles y consolidar empleo de calidad capaz de retener el talento científico en el país.
