
El mapa político de la provincia de León sigue acumulando manchas de color leonesista, pueblo a pueblo y valle a valle. La reivindicación de un marco autonómico propio para el área leonesa no afloja el ritmo y encuentra en las pedanías rurales un altavoz cargado de simbolismo institucional.
El último movimiento se ha registrado en Otero de Curueño, pequeña localidad perteneciente al municipio montañés de Valdepiélago.
La Junta Vecinal ha dado luz verde a la moción por la autonomía de la Región Leonesa tras una votación celebrada bajo la fórmula tradicional del concejo abierto. La propuesta, defendida por el presidente de la entidad local menor y representante de Unión del Pueblo Leonés (UPL), José Luis Álvarez-Acevedo, contó con la asistencia de 25 vecinos. El resultado fue rotundo: 19 votos a favor, seis abstenciones y ningún voto en contra.
Álvarez-Acevedo justificó la iniciativa como una respuesta directa al deterioro socioeconómico que arrastra la montaña leonesa, situando el autogobierno como una herramienta indispensable para frenar el despoblamiento y la pérdida de servicios en el medio rural.
El goteo de aprobaciones ha dejado de ser una anécdota local para convertirse en una corriente política estructural.
Con este respaldo en el Curueño, son ya 78 los municipios leoneses que han suscrito la petición de segregación territorial respecto a la actual comunidad autónoma. Una senda institucional que durante la primavera sumó los apoyos plenarios en consistorios como La Ercina, Benavides de Órbigo o Mansilla Mayor.
Si el foco se amplía al conjunto de la región histórica —sumando las mociones aprobadas en varios ayuntamientos de Zamora y Salamanca—, la cifra global alcanza ya las 83 entidades locales.
Los números no son menores en términos demográficos. El volumen de municipios adheridos a la iniciativa representa ya a más del 58% de la población de la provincia de León. Un dato que presiona a las direcciones autonómicas de los grandes partidos y que confirma que el debate sobre la articulación territorial de Castilla y León dista mucho de estar cerrado en las cabeceras de comarca.

