El panorama político español presenció ayer viernes un movimiento tectónico en la configuración del Estado de las Autonomías. El Gobierno central y el Ejecutivo vasco sellaron un acuerdo de gran calado político y económico que otorga a Euskadi cinco nuevas competencias autonómicas. Este pacto no solo refuerza el Estatuto de Gernika, sino que dota a la administración vasca de herramientas críticas para la gestión social y laboral de su ciudadanía.
El núcleo del acuerdo reside en la asunción por parte de Euskadi de la gestión de las prestaciones por desempleo, las prestaciones familiares no contributivas y el Seguro Escolar. Según lo estipulado, estas materias pasarán a manos vascas de manera efectiva a partir del 1 de enero de 2027.
La joya de la corona: la gestión del desempleo
De las cinco materias acordadas, la transferencia del desempleo es, sin duda, la de mayor envergadura institucional y presupuestaria. Se estima que la administración autonómica pasará a gestionar un volumen económico anual aproximado de 822 millones de euros.
El despliegue logístico para esta competencia es considerable:
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Infraestructura: El traspaso incluye la titularidad de 30 oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
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Capital Humano: Una plantilla de 534 trabajadores se integrará en la administración vasca.
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Normativa: Es crucial destacar que, aunque la gestión y el pago recaen en Euskadi, el Estado mantiene la competencia normativa, asegurando la unidad de caja.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subrayó que este diseño respeta escrupulosamente el «principio de solidaridad» y el carácter unitario de la Seguridad Social. El objetivo final es operativo: facilitar al ciudadano una «ventanilla única» que agilice todos los trámites laborales, eliminando duplicidades administrativas.
Calendario y otras competencias
El paquete competencial se completa con otras transferencias estratégicas que cuentan con sus propios plazos de ejecución:
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Salvamento Marítimo: Será efectivo el 1 de octubre de 2026, otorgando al País Vasco control sobre la seguridad en sus aguas costeras.
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Centro Nacional de Verificación de Maquinaria: Situado en Barakaldo, su cesión será inmediata tras la publicación oficial del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Negociación al más alto nivel
El camino hacia la firma no estuvo exento de obstáculos. Fuentes cercanas a la negociación confirman que el pacto se mantuvo en el aire hasta el último momento, fruto de las tensiones internas entre los socios del gobierno vasco (PNV y PSE). La situación requirió la intervención directa de los máximos mandatarios: el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, celebró el desenlace afirmando que el acuerdo amplía la «casa vasca» y validando la tesis del lehendakari de que «más autogobierno es más bienestar».
El dato financiero: Uno de los principales puntos de fricción fue la financiación del traspaso. Finalmente, se acordó un modelo flexible que utilizará transferencias directas, el descuento vía Cupo o fórmulas mixtas, según determinen las haciendas de ambas administraciones.
Horizonte político: las 15 pendientes
El ministro Torres aprovechó la ocasión para reivindicar la «concordia» y la «confianza institucional» como antídotos frente a la polarización política actual. Enmarcó este éxito dentro de una estrategia de descentralización iniciada en 2018, que también ha tenido reflejo en comunidades como Cataluña, Galicia o Andalucía.
Sin embargo, en Vitoria miran ya hacia el futuro. Pese a la magnitud de este acuerdo, aún restan aproximadamente quince competencias pendientes para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. El Ejecutivo central ha reafirmado su voluntad de mantener la mesa de diálogo abierta, operando siempre dentro del marco constitucional, para continuar completando el mapa competencial vasco.
