Gobernar el territorio más extenso y disperso de España es, por encima de todo, un desafío logístico y humano. Cuando el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez Ramos, compareció en las Cortes autonómicas para desgranar la hoja de ruta de su departamento, la gran novedad no residía solo en las promesas sectoriales, sino en un cambio de concepción administrativa. Al fusionar bajo un mismo paraguas político la salud y los servicios sociales, la Junta asume que la enfermedad, la dependencia y la vejez no se pueden seguir tratando como compartimentos estancos.
Los números que respaldan esta estrategia asustan por su magnitud. Desde que la Comunidad asumió las competencias sanitarias en el año 2002, la inversión ha escalado desde los 2.100 millones de euros hasta rozar los 5.300 millones actuales. Si a esa bolsa se le añaden los recursos destinados a mayores y dependencia, la factura supera los 6.000 millones de euros. Dicho de otro modo: prácticamente uno de cada dos euros del presupuesto de la autonomía se gastará en proteger el bienestar cotidiano de los ciudadanos. Es un esfuerzo titánico para una administración que cuenta con un ejército de más de 50.000 profesionales públicos, pero que, según denunció el propio Vázquez, se topa con la infrafinanciación del Gobierno de España, sordo ante el coste real que supone atender a una población sumamente envejecida en pueblos remotos.
El plan se despliega en doce líneas estratégicas donde la prevención intenta ganar terreno a la medicina puramente reactiva. Para la inminente campaña de vacunación 2026-2027, la sanidad pública en Castilla y León ampliará la inmunización contra el virus respiratorio sincitial (VRS) a adultos de muy alto riesgo a partir de los 18 años. El blindaje empieza desde la cuna: en enero de 2027 el cribado neonatal detectará hasta 29 enfermedades endocrino-metabólicas, superando la cartera común estatal. En el horizonte oncológico, además de potenciar los cribados de mama, cérvix y colon, se abrirá camino a la detección precoz de los cánceres de próstata y pulmón.
Sin embargo, el verdadero examen de esta legislatura se juega en la carretera y en las salas de espera de los consultorios locales. La Junta se compromete a garantizar citas en atención primaria en un plazo máximo de 48 horas, una meta que requerirá una reordenación quirúrgica de las agendas de los médicos rurales y el refuerzo de los Puntos de Atención Continuada. No será fácil. El consejero admitió un bache preocupante en el primer semestre de este año, con 12.500 operaciones programadas menos respecto al bienio anterior, lo que ha vuelto a engrosar las listas de espera.
Para amortiguar las distancias, la apuesta por las emergencias sanitarias se vuelve aérea y terrestre. Tres nuevos helicópteros con base en Palencia, Segovia y Zamora completan una flota de diez aeronaves (una por provincia más El Bierzo) que iniciará próximamente los vuelos nocturnos. Abajo, en el asfalto, 14 nuevas ambulancias elevarán la red hasta los 204 vehículos de emergencias, persiguiendo el ambicioso objetivo de que cada uno de los 158 centros de salud rurales con urgencias disponga de una Unidad de Soporte Vital Básico.
La tecnología actuará como el tejido conectivo de este ecosistema. Se implementará una estrategia integral de telemedicina y se utilizará la inteligencia artificial para tareas que van desde la transcripción clínica hasta el diagnóstico por imagen. Incluso se desplegará conexión satelital de órbita baja para aquellos consultorios rurales donde la cobertura tradicional no llega. En los hogares, iniciativas consolidadas como ‘A gusto en casa’ e ‘INTECUM’ recibirán mayor dotación, complementadas con soluciones llamativas como un fondo de 10 millones de euros anuales para cambiar bañeras por platos de ducha a personas mayores y sistemas de tele-rehabilitación cognitiva y física.
Toda esta maquinaria depende de la capacidad para retener el talento de sus profesionales. Sacyl ha ganado un 10 % de efectivos desde la pasada legislatura, pero el verdadero problema estructural sigue siendo la cobertura de vacantes en la periferia. La futura Ley de Puestos Sanitarios de Difícil Cobertura buscará estabilizar a especialistas en hospitales tradicionalmente complejos de dotar, arrancando de forma prioritaria en los servicios de Anestesiología y Otorrinolaringología de centros como Ávila, El Bierzo, Soria o Palencia.
Paralelamente, la modernización de infraestructuras contempla la llegada de segundos equipos de cirugía robótica a Valladolid y Salamanca, el debut de estos robots en Miranda de Ebro, Medina del Campo y Aranda de Duero, y la apertura de nuevas unidades de convivencia residencial en todo el mapa autonómico. El plan está trazado sobre el papel; ahora toca demostrar que este colosal engranaje de 6.000 millones de euros es capaz de sostener con dignidad la salud de un territorio que se resiste a quedar desamparado.
