La historia y el derecho consuetudinario han chocado frontalmente en la comarca del Eria. La Junta Vecinal de Calzada de la Valdería ha formalizado una queja ante el Procurador del Común para forzar a la de Castrocalbón a liquidar una deuda que arrastra desde 2018. No es una disputa menor: el impago de los beneficios por el usufructo de bienes comunales está asfixiando económicamente a Calzada hasta el punto de amenazar su propia desaparición.
Un derecho blindado desde 1722
Lo que podría parecer una desavenencia administrativa moderna es, en realidad, el incumplimiento de un pacto tricentenario. El pueblo de Calzada posee el derecho histórico a una cuarta parte de los aprovechamientos de los terrenos mancomunados con Castrocalbón.
Este acuerdo no solo es una tradición; cuenta con un respaldo jurídico aplastante:
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Siglo XVIII: Ratificado por el Alcalde Mayor del Adelantamiento de León en 1722 y confirmado en 1738 y 1740.
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Siglo XX: Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de La Bañeza de 1935 obligó a Castrocalbón a cumplir el convenio de reparto de 1900.
400.000 euros en el aire y seis reuniones fallidas
El conflicto estalló tras el último pago realizado en 2018. Desde entonces, la negativa de Castrocalbón a compartir los beneficios ha sido constante. Entre los principales agravios que Calzada ha puesto sobre la mesa del Procurador del Común destacan:
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Venta de madera: En 2017 se talaron chopos en la ribera del río con un ingreso estimado de 400.000 euros. A Calzada le correspondería el 25% de esa cantidad (100.000 euros), que sigue sin recibir.
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Caza y tierras: El impago del arrendamiento del coto de caza y de diversas fincas agrícolas desde 2018 hasta la actualidad.
«Después de seis reuniones celebradas, la junta vecinal de Castrocalbón sigue con la negativa de pagar», denuncian desde Calzada, alertando de que la falta de estos recursos propios está llevando a la entidad local a un callejón sin salida financiero.
El último recurso: el Procurador del Común
Tras agotar la vía verbal y las reuniones bilaterales sin éxito, Calzada de la Valdería busca ahora el amparo de la defensoría del pueblo autonómica. El escrito presentado no solo reclama el dinero, sino que invoca la posesión inmemorial de unos terrenos que han servido de sustento a ambos pueblos durante generaciones.
Mientras Castrocalbón guarda silencio, el futuro de Calzada pende de un hilo jurídico que empezó a tejerse hace tres siglos y que hoy, en pleno 2026, amenaza con romperse definitivamente.
