La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Castilla y León (UJP) ha presentado alegaciones al borrador del Decreto de la Junta que regula los centros de servicios sociales de cuidados de larga duración. Desde la federación, consideran que el texto propuesto presenta deficiencias significativas, especialmente en lo referente a las ratios de personal, la falta de un régimen sancionador y la ausencia de mecanismos de participación para las personas mayores.
Una de las críticas más contundentes de UGT se centra en la insuficiencia de las ratios de personal, calificándolas de «preocupantes» en los turnos de noche. La propuesta de la Junta de Castilla y León establece un profesional por cada 50 usuarios, una cifra que la UJP considera inaceptable. En su lugar, el sindicato propone una ratio de un profesional por cada 25 residentes en el turno de noche, buscando garantizar una atención más adecuada y segura. Además, critican la falta de ratios para el personal de servicios generales y la posibilidad de que el personal de cocina o limpieza pueda realizar funciones de atención directa, algo que consideran «inadmisible».
Por otra parte, la UJP echa en falta un régimen sancionador en el Decreto. Consideran que legislar sin establecer consecuencias claras para los incumplimientos hace que las normas «de poco sirvan». La federación insiste en que, si no se vela por su cumplimiento desde la administración, el Decreto y la Ley 3/2024, de 12 de abril, que lo sustenta, perderán toda su efectividad.
Otra de las propuestas clave de la UJP es la inclusión de dos nuevos capítulos en el Decreto. Estos capítulos deberían abordar la implantación de los Comités de Ética y la participación activa de las personas mayores a través de los Consejos de Mayores. Con estas medidas, buscan promover un trato digno y evitar la vulneración de los derechos de los residentes.
Para finalizar, la UJP de UGT Castilla y León subraya la importancia de generalizar el modelo de Atención Integral y Centrado en la Persona en todos los centros de carácter residencial y de día de la comunidad. Este modelo, a su juicio, es la vía más efectiva para garantizar el buen trato y proteger los derechos de las personas mayores que requieren cuidados de larga duración.
