La burocracia y la falta de acción política tienen un coste directo que siempre terminan pagando los mismos. En San Andrés del Rabanedo, ese precio lo abonan las familias con menos recursos cada vez que arranca el calendario escolar. IU-Podemos ha vuelto a poner el foco sobre una realidad difícilmente justificable que llega hoy al Pleno municipal: siete años después de su primera aprobación oficial, la ayuda al material escolar en San Andrés sigue siendo una promesa fantasma.
La coalición ha presentado una moción con un objetivo claro: hacer efectivo de una vez por todas un derecho respaldado por la Corporación Municipal desde el ya lejano año 2019. La propuesta técnica no es compleja. Exige la creación de una partida presupuestaria específica destinada a hogares con ingresos inferiores a 2,5 veces el IPREM, contemplando ayudas que cubran el 100% del coste de los libros y complementos educativos hasta un máximo de 60 euros por alumno en las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria.
Para que esto ocurra, la formación reclama también la tramitación urgente de los informes técnicos que el equipo de gobierno actual utiliza como parapeto.
La portavoz de IU-Podemos, Laura Fernández, ha sido tajante al calificar la gestión de los sucesivos ejecutivos locales. «Estamos ante un nuevo ejemplo de cómo el equipo de gobierno es capaz de incumplir durante años acuerdos aprobados por el Pleno sin asumir ninguna responsabilidad política», denuncia. Según la concejala, el problema estructural de la localidad no radica en la complejidad técnica de los expedientes, sino en una evidente falta de voluntad política para priorizar el gasto social.
La cronología del expediente administrativo es el retrato de un bloqueo institucional sistemático que sonroja a la propia administración.
Aprobada inicialmente en 2019, la medida tuvo que volver a ser exigida por el Pleno en 2022 ante la inacción del gobierno de turno. En 2023, la historia se repitió con una nueva moción que insistía en la misma reclamación. Tres acuerdos plenarios y tres mandatos democráticos idénticos que se han saldado con ni una sola ayuda concedida a los vecinos del municipio, lo que Fernández define abiertamente como «una falta de respeto hacia las familias y hacia la propia institución municipal».
El agravante de este retraso histórico es el momento socioeconómico actual. Con un encarecimiento sostenido del coste de la vida y una inflación que golpea con fuerza los presupuestos educativos, la desprotección municipal es más evidente. Mientras decenas de padres hacen auténticos malabarismos financieros para afrontar la vuelta a las aulas, el Ayuntamiento mantiene congelada una medida de alivio económico directo.
La formación insiste en que la ayuda al material escolar en San Andrés no debe entenderse como un subsidio asistencial o una obra de caridad. Es, por el contrario, una herramienta de justicia social diseñada para garantizar la igualdad de oportunidades y blindar el derecho constitucional a la educación pública. Para IU-Podemos, permitir que el acceso a los materiales didácticos básicos dependa del nivel de renta de cada hogar es un fracaso político que el municipio no puede seguir consintiendo.
La vista está puesta ahora en los próximos meses, con la exigencia de que los nuevos presupuestos locales consoliden la partida económica para que las ayudas estén disponibles, sin más dilación, de cara al curso 2026-2027. Las familias del municipio ya han agotado su paciencia tras casi una década de espera; el debate real hoy ya no es si el dinero es necesario, sino entender a quién beneficia exactamente que el Ayuntamiento siga ignorando sus propios compromisos democráticos.
