La Organización Médica Colegial (OMC) revisará la Ley de los Medicamentos aprobada este martes por el Consejo de Ministros. El objetivo será comprobar si el documento incorpora las alegaciones presentadas por la profesión médica durante el trámite de audiencia pública.
El Gobierno ha dado luz verde al Proyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios. La norma iniciará ahora su tramitación en las Cortes Generales y sustituirá el marco regulador vigente desde 2015. Además, busca adaptar la legislación a los avances científicos y a las nuevas necesidades del Sistema Nacional de Salud. ealizará un análisis detallado antes de hacer pública su valoración. Después, estudiará las posibles actuaciones que podría desarrollar durante el debate parlamentario.
Según la organización, todas sus propuestas persiguen un mismo objetivo: reforzar la protección del paciente, la calidad asistencial y la seguridad clínica.
La prescripción médica centra las dudas de la OMC
Uno de los principales puntos de análisis será la delimitación de las competencias relacionadas con la prescripción de medicamentos.
La institución médica considera necesario establecer un marco claro de funciones y responsabilidades. A su juicio, una regulación precisa aportaría seguridad jurídica a los profesionales y reduciría posibles riesgos para los pacientes.
Por ello, la OMC revisará si la Ley de los Medicamentos diferencia correctamente acciones como prescribir, indicar, dispensar y autorizar medicamentos.
La organización sostiene que estos conceptos no son equivalentes. Además, advierte de que una redacción ambigua podría generar dudas en la práctica clínica diaria.
La prescripción como parte del acto clínico
La OMC mantiene que la prescripción constituye un acto clínico vinculado al diagnóstico. También está relacionada con la elección del tratamiento, el seguimiento de la evolución del paciente y la responsabilidad asistencial del médico.
Por ese motivo, la organización considera que la futura ley debería centrarse en la regulación de los medicamentos y los productos sanitarios. Al mismo tiempo, reclama que la norma respete las competencias atribuidas a cada profesión sanitaria.
El proyecto aprobado por el Gobierno incorpora cambios en ámbitos como el acceso a medicamentos innovadores, los sistemas de precios, la prevención de desabastecimientos y las fórmulas de prescripción y dispensación. También introduce la figura del medicamento estratégico para proteger tratamientos esenciales cuya cadena de suministro sea vulnerable. evisión con efectos para los pacientes de León
La tramitación de esta norma tendrá consecuencias en todo el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, sus disposiciones también afectarán a profesionales sanitarios, farmacias y pacientes de León y del resto de Castilla y León.
La claridad de las competencias puede resultar especialmente relevante en la atención primaria, los hospitales, las residencias y el seguimiento de pacientes crónicos. En estos espacios intervienen diferentes profesionales y resulta esencial coordinar la indicación, la prescripción y la dispensación de los tratamientos.
Además, la nueva legislación pretende facilitar el acceso a la innovación y reducir los problemas de suministro. El Ministerio de Sanidad también plantea mecanismos para aumentar la competencia entre medicamentos genéricos y biosimilares. ldo del Foro de la Profesión Médica
La postura de la OMC cuenta con el respaldo del Foro de la Profesión Médica.
Este organismo está integrado también por la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y la Confederación Española de Sindicatos Médicos.
Las entidades apoyaron las alegaciones trasladadas al Ministerio de Sanidad. En consecuencia, la defensa de la responsabilidad clínica, la seguridad del paciente y un marco competencial claro representa una posición compartida por una parte destacada de la profesión médica española.
La OMC comunicará su valoración tras estudiar el texto
La OMC revisará la Ley de los Medicamentos antes de fijar una posición definitiva. La organización comprobará qué propuestas han sido aceptadas, cuáles han quedado fuera y qué puntos podrían modificarse durante la tramitación parlamentaria.
Una vez terminado el análisis, difundirá públicamente sus conclusiones. Asimismo, continuará participando en el proceso legislativo con el objetivo de reforzar las garantías asistenciales.
El proyecto todavía puede experimentar cambios mediante las enmiendas y los debates en las Cortes. Por ello, la redacción definitiva no se conocerá hasta que concluya todo el procedimiento parlamentario.
