Estados Unidos mantiene elevada la presión sobre el comercio internacional. Washington ha sustituido los aranceles temporales que expiraron el pasado 24 de julio por nuevos gravámenes de entre el 10 % y el 12,5 % aplicables a 60 economías.
Los países investigados representan alrededor del 99 % de las importaciones estadounidenses de bienes. De hecho, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) sitúa ese porcentaje en el 99,4 %. La decisión confirma que la política arancelaria estadounidense no entra en una etapa de relajación.
Los nuevos aranceles de Estados Unidos se apoyan ahora en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que Washington ya había utilizado anteriormente para responder a prácticas comerciales consideradas injustificadas, discriminatorias o perjudiciales para su economía.
Washington cambia de vía pero mantiene la presión
El cambio resulta especialmente relevante porque los gravámenes temporales anteriores estaban vinculados a la Sección 122. Su vencimiento podía haber generado una reducción de la presión comercial. Sin embargo, la Administración estadounidense ha optado por sustituirlos por un mecanismo diferente.
Según Coface, este movimiento demuestra la intención de Washington de mantener un elevado nivel de protección arancelaria pese a los obstáculos jurídicos que han afectado a otras medidas comerciales durante los últimos meses.
El impacto inmediato sobre el tipo arancelario medio podría ser limitado. Los nuevos derechos no se acumulan automáticamente con todos los gravámenes existentes y, además, existen distintas exenciones en función del país y del producto.
Aun así, el movimiento tiene una lectura más amplia. Estados Unidos demuestra que dispone de diferentes instrumentos legales para continuar desarrollando su estrategia comercial.
Aranceles del 10 % y del 12,5 %
La USTR ha establecido diferentes tratamientos dentro de este nuevo marco. Argentina, Bangladesh, Canadá, India, México, Reino Unido y otros países tendrán un tipo del 10 % debido a las medidas que han adoptado o comprometido contra la entrada de mercancías producidas mediante trabajo forzoso.
Para determinados productos procedentes de la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza, la administración aplicará tipos del 10 % o del 12,5 %, teniendo en cuenta además el arancel de nación más favorecida. Para el resto de las economías investigadas, el gravamen general se sitúa en el 12,5 %.
Washington justifica los nuevos aranceles de Estados Unidos por lo que considera una actuación insuficiente de determinados socios comerciales para prohibir y controlar las importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Sin embargo, Coface señala que este argumento todavía podría enfrentarse a impugnaciones por parte de empresas importadoras, especialmente por la amplitud del grupo de países afectado.
Una base jurídica que Washington considera más resistente
La utilización de la Sección 301 tampoco es nueva. Esta herramienta permite actuar contra políticas o prácticas extranjeras que Estados Unidos considere discriminatorias o perjudiciales para su comercio.
Por tanto, Washington busca ahora construir un marco arancelario capaz de mantenerse durante más tiempo.
Marcos Carias, economista para Norteamérica de Coface, considera que la decisión va más allá de una simple renovación técnica. A su juicio, evidencia la intención estadounidense de transformar un sistema cuestionado en una estructura arancelaria más sostenible desde el punto de vista jurídico.
Para las empresas, la consecuencia principal será la continuidad de la incertidumbre. Incluso la expiración de una medida concreta ya no implica necesariamente el final de la presión comercial.
Más medidas comerciales ya están sobre la mesa
Además, Washington prepara otros movimientos.
Estados Unidos mantiene abierta otra investigación basada en la Sección 301 sobre la sobrecapacidad estructural y la producción industrial de 16 economías. La lista incluye a China, la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán, India, Vietnam y México, entre otros mercados.
Todavía no existe un calendario definitivo ni se conocen los posibles aranceles derivados de esa investigación. Sin embargo, el procedimiento permitiría a Washington aplicar medidas más específicas contra determinados países, sectores o productos.
Coface también señala investigaciones en ámbitos como el sector aeroespacial, drones, equipamiento médico, robótica, maquinaria industrial, turbinas eólicas, minerales críticos y polisilicio.
Por ello, el actual paquete podría no ser el último capítulo de la estrategia comercial estadounidense.
Canadá afronta aranceles del 50 % desde el 19 de agosto
Canadá se ha convertido en uno de los ejemplos más claros del aumento de la presión.
Estados Unidos ha anunciado aranceles del 50 % sobre cerca de 20.000 millones de dólares en importaciones procedentes de Canadá. La entrada en vigor está prevista para el 19 de agosto de 2026.
Los productos afectados representan aproximadamente el 5,2 % del valor de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá registrado en 2025. Entre ellos figuran productos lácteos, vino, cemento, ropa y determinados artículos de consumo, aunque existen exclusiones para varios bienes estratégicos.
La medida llega, además, mientras Washington y sus socios norteamericanos mantienen abiertas conversaciones comerciales.
Más incertidumbre también para las empresas europeas
El escenario tiene consecuencias que van más allá de Estados Unidos.
Para las empresas españolas y también para las compañías de León que exportan, importan componentes o trabajan dentro de cadenas internacionales de suministro, la evolución de esta política obliga a vigilar los costes, los contratos y las condiciones de acceso al mercado estadounidense.
La Unión Europea está incluida tanto en el nuevo régimen relacionado con el trabajo forzoso como en las investigaciones sobre sobrecapacidad industrial.
Así, los nuevos aranceles de Estados Unidos consolidan un escenario en el que la política comercial vuelve a funcionar como instrumento económico y diplomático. El efecto inmediato puede ser limitado en algunos sectores, pero el principal riesgo permanece: Washington mantiene abierta la posibilidad de aprobar nuevos gravámenes durante los próximos meses.
