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La patronal veterinaria exige apoyo ante la CEOE

CEVE denuncia que la legislación actual ahoga y da la espalda a las pymes y autónomos del sector

El tejido empresarial veterinario en España atraviesa un momento crítico debido a un marco normativo que ignora sus particularidades. Así lo ha trasladado de primera mano el presidente de la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), Sebastià Rotger, durante una reunión de trabajo mantenida en la sede de la CEOE con su homólogo, Antonio Garamendi.

Rotger aprovechó el encuentro para poner sobre la mesa los graves problemas de viabilidad que afectan a las pymes del sector veterinario, un colectivo cuya situación actual ha calificado de «muy delicada» por las barreras burocráticas y fiscales a las que se enfrentan diariamente para mantener persiana subida.

Una legislación que ignora al pequeño empresario

El líder de la patronal veterinaria fue especialmente crítico con las normativas vigentes en España. Según Rotger, la legislación actual «da la espalda a los pequeños empresarios y a los autónomos», un grupo que compone la inmensa mayoría de los centros y clínicas sanitarias de animales en el país.

Ante este escenario, CEVE ha reclamado un respaldo firme y estratégico por parte de la gran patronal española para defender los intereses del sector en los foros de negociación política y económica.

El diagnóstico de CEVE: Las pequeñas empresas veterinarias tienen serias dificultades para mantenerse en el día a día debido a una presión regulatoria desproporcionada para su estructura.

La fuerza de una estructura dual

Durante la reunión, Rotger también destacó el valor estratégico de CEVE como interlocutor único y potente dentro del mercado nacional. La organización cuenta con una representatividad que integra:

  • 17 organizaciones territoriales, garantizando la capilaridad en todas las comunidades autónomas.

  • 7 corporaciones sectoriales, lo que permite aglutinar y dar voz a todos los modelos de negocio del ámbito veterinario.

Esta robusta estructura es la que permite a la patronal defender un sector transversal que no solo cuida de la salud animal, sino que tiene un impacto directo en la salud pública y la economía de los ciudadanos.

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