El clima laboral en la Universidad de León (ULE) se tensa de forma evidente. Las secciones sindicales de UGT y CCOO, respaldadas por un nutrido grupo de trabajadores, protagonizaron una sonora concentración de protesta a las puertas del Consejo de Gobierno celebrado el pasado 15 de mayo. El motivo principal de la movilización es el progresivo empeoramiento de las condiciones del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y del Personal Docente e Investigador (PDI).
Las centrales sindicales acusan de forma directa al equipo rectoral de pasividad ante una pérdida constante de derechos retributivos y asistenciales que arrastra el personal de la institución leonesa.
Los cuatro pilares del conflicto en la universidad
El malestar de las plantillas se fundamenta en varios incumplimientos y medidas de calado aprobadas recientemente de forma interna:
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Bloqueo de los convenios colectivos: Las negociaciones para actualizar los convenios de PDI Laboral y PTGAS Laboral se encuentran completamente congeladas pese a acumular más de 10 años de antigüedad.
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Vacantes sin cubrir en la RPT: La falta de cobertura de las plazas de la Relación de Puestos de Trabajo genera deficiencias estructurales en los servicios y fomenta la contratación precaria «por circunstancias de la producción».
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Impago de la Carrera Horizontal: Pese a estar formalmente aprobada, los trabajadores del PTGAS denuncian el impago sistemático de las mensualidades correspondientes a este complemento.
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Supresión del premio de jubilación: El Consejo de Gobierno aprobó la anulación definitiva del reglamento que regulaba este incentivo para el PTGAS funcionario, lo que los sindicatos califican de «ataque directo» a sus salarios.
Denuncia por «infrafinanciación crónica» de la Junta
Tanto los representantes de los trabajadores como la propia dirección de la ULE coinciden en señalar la raíz del problema presupuestario. Sin embargo, los sindicatos critican que la universidad se escude en la «infrafinanciación crónica» de la Junta de Castilla y León para justificar la aplicación de un encubierto «Plan de Recortes».
La postura sindical: Acusan al Gobierno autonómico de boicotear de manera deliberada la negociación de los convenios y de asfixiar económicamente a la universidad pública para frenar el desarrollo de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).
Ante este escenario de parálisis, CCOO y UGT exigen a la rectora de la ULE, Nuria González, que asuma su responsabilidad ejecutiva. Le reclaman que eleve de forma contundente la presión institucional ante Valladolid para exigir las partidas económicas comprometidas y que defienda, de manera efectiva, la autonomía universitaria. El Comité de Empresa y la Junta de Personal del PTGAS ya han advertido de que las protestas continuarán de forma unánime en cada Consejo de Gobierno si persisten los bloqueos.
