La confrontación por el relato de los orígenes democráticos en la península ibérica ha alcanzado su punto más álgido. El Instituto Leonés de Cultura (ILC) ha lanzado una durísima acusación pública contra la Junta de Castilla y León, señalando directamente al Ejecutivo autonómico por orquestar, promover y financiar un «borrado histórico» del antiguo Reino de León. La institución denuncia la construcción de un fraude historiográfico diseñado para diluir la legitimidad institucional leonesa en beneficio de un relato de hegemonía castellana.
El epicentro del conflicto radica en la subvención de aproximadamente 200.000 euros otorgada por el Gobierno regional al proyecto de desarrollo turístico denominado ‘Puerta de las Cortes: Castilla, 1187’, ubicado en el municipio soriano de San Esteban de Gormaz. Dicha iniciativa contempla la apertura de un centro de interpretación que aspira a autoproclamarse como el origen de las asambleas democráticas occidentales, un movimiento que desde León se interpreta como una agresión directa a su patrimonio histórico, cultural e identitario.
Un agravio financiado con el dinero público
El diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, además de vicepresidente del ILC, Emilio Martínez, ha comparecido para manifestar la profunda indignación del organismo y de la provincia ante lo que considera un ejercicio intolerable de arbitrariedad administrativa. Para el representante público, resulta inadmisible que los recursos públicos de toda la comunidad se utilicen de forma partidista para menoscabar una verdad científica y documental innegable.
«Estamos ante un caso flagrante de borrado histórico impulsado y sufragado con el dinero de todos», manifestó Martínez, remarcando que es «inaceptable» que una administración pública ampare la sustracción de hitos patrimoniales con el único fin de alimentar un relato pseudohistórico de conveniencia regionalista.
El peso de los documentos frente al revisionismo
Desde un punto de vista estrictamente técnico e historiográfico, los defensores del patrimonio leonés recuerdan que el valor universal excepcional de los Decreta de 1188 no es una opinión política, sino un hecho certificado. La gran diferencia jurídica e institucional radica en que la curia leonesa de 1188 acredita, mediante soporte diplomático y documental, la presencia activa de ciudadanos de los núcleos urbanos con voz y voto en las deliberaciones del más alto nivel político.
Por el contrario, la asamblea castellana de San Esteban de Gormaz de 1187 carece de cualquier elemento probatorio que demuestre una capacidad de decisión legislativa o presupuestaria por parte del estado llano. Los expertos apuntan que, si bien existieron asambleas previas sin derecho a voto de los ciudadanos, estas carecen del carácter fundacional del parlamentarismo representativo moderno. Además, en el ámbito de las reuniones no decisorias, León también fue pionero con la vanguardia política del año 1017 y citas posteriores en sedes históricas como Zamora, Benavente y Salamanca.
El aval definitivo de este criterio llegó en el año 2013, cuando la UNESCO inscribió oficialmente a las Cortes leonesas en el registro de la Cuna del Parlamentarismo a nivel mundial, reconociendo un modelo original donde la plebe tomaba decisiones gubernamentales junto al monarca, el clero y la nobleza. «Alentar proyectos contrarios es una falta de respeto gravísima hacia la UNESCO y hacia el programa Memoria del Mundo», aseveró el vicepresidente del ILC.
Exigencia de rectificación y rigor
El ILC ha elevado una petición formal e inmediata a la Junta de Castilla y León para que paralice cualquier tipo de financiación, difusión o promoción de actividades que pretendan devaluar o poner en entredicho el reconocimiento oficial del hito leonés. Consideran que la administración autonómica opera bajo una preocupante deslealtad institucional, ignorando deliberadamente el consenso académico internacional con fines de ingeniería política.
Las críticas también han censurado con dureza la «nula implicación» de las consejerías autonómicas competentes en la promoción de los verdaderos tesoros documentales de la autonomía. El debate concluye con una exigencia unánime por parte del ámbito cultural leonés: abandonar de forma inmediata el negacionismo histórico y comenzar a trabajar con el máximo rigor científico en la protección y divulgación del verdadero patrimonio de la Región Leonesa.
