Casi tres semanas después de que se registrara la entrada masiva de personas en Ceuta, la presión sobre la ciudad autónoma no se ha disipado por completo. La mayoría de los más de 72.000 migrantes que accedieron de forma irregular a través de la frontera han retornado a Marruecos, pero las autoridades locales estiman que aún permanecen en el municipio varios miles de personas.
La gestión de esta situación ha trasladado la atención al ámbito residencial. El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha anunciado que la administración local rescindirá los contratos de alquiler del parque público a los arrendatarios que hayan dado alojamiento a migrantes en situación irregular. Para verificar la ocupación de los inmuebles, las autoridades autonómicas desplegarán inspecciones periódicas orientadas tanto a detectar cesiones no autorizadas como a proceder al desalojo de viviendas vacías que hayan sido ocupadas de manera ilegal.
En paralelo a las medidas administrativas, diversas informaciones periodísticas recogen dinámicas de hospedaje informal en la zona. Según datos aportados por la Cadena SER, se han detectado casos de propietarios que exigen cobros de hasta 500 euros por permitir el permanencia de migrantes en trasteros u habitáculos desprovistos de condiciones básicas de habitabilidad. El objetivo de este tipo de cobijo reside en eludir los controles policiales y evitar el posterior proceso de devolución al país vecino. La misma fuente señala que en un único inmueble podrían encontrarse ocultas hasta un mil personas en estas circunstancias.
La atención a la población que permanece en la ciudad sigue dividiendo la acción del Gobierno central y el Ejecutivo autonómico. Por parte de la Administración estatal se ha proyectado la ampliación de la capacidad asistencial mediante la apertura de cuatro centros temporales. Sin embargo, las instalaciones no se encuentran operativas en su totalidad, un retraso que desde el ámbito estatal se achaca a los obstáculos administrativos puestos por las autoridades locales.
Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha rechazado estas afirmaciones y ha criticado duramente la actuación del Ejecutivo central, al que acusa de falta de medios y de dejar desamparada a la ciudad. Vivas ha calificado la posición de las instituciones estatales como inadmisible, contraponiendo la falta de respaldo con el apoyo de la Comisión Europea, organismo que se ha mostrado favorable a la aplicación de los mecanismos de devolución de migrantes, incluidos los menores de edad.
