El 86 % de los casos de asesinatos de periodistas registrados desde 2006 sigue sin resolverse o ha sido abandonado, según los datos de la UNESCO recogidos por Naciones Unidas para 2026. Esta realidad centra el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, que se conmemora cada 2 de noviembre.
La jornada recuerda a las víctimas y reclama medidas para que los responsables respondan ante la justicia. Además, vincula la seguridad de los profesionales con el derecho de la ciudadanía a recibir información.
189 periodistas asesinados en dos años
La UNESCO contabiliza 189 periodistas asesinados en ataques violentos durante 2024 y 2025. El 67 % de esas muertes se produjo en zonas de conflicto, según la información difundida por el organismo para esta conmemoración.
Los periodos de referencia son distintos: el porcentaje de impunidad corresponde a los casos acumulados desde 2006, mientras que las 189 muertes pertenecen al bienio 2024-2025.
En 2026, la campaña internacional lleva el lema «Las amenazas evolucionan. La impunidad persiste», traducción del mensaje de la UNESCO. El organismo advierte de que las nuevas tecnologías y armas están transformando los riesgos del trabajo informativo. Entre ellos figura el uso de drones en los conflictos.
Por qué se conmemora el 2 de noviembre
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó esta fecha mediante la resolución A/RES/68/163, aprobada el 18 de diciembre de 2013. La elección recuerda el asesinato de dos periodistas franceses en Malí el 2 de noviembre de aquel año.
La resolución condena las agresiones contra los trabajadores de los medios. Asimismo, insta a los Estados a prevenir la violencia, llevar a los responsables ante la justicia y garantizar reparaciones a las víctimas. También pide un entorno seguro para ejercer el periodismo con independencia.
Prevenir, proteger e investigar
El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, respaldado en 2012, articula la respuesta en tres frentes: prevención, protección y persecución de los delitos.
Su aplicación implica a gobiernos, medios, asociaciones profesionales y organizaciones sociales. Entre sus líneas de trabajo figuran la formación de las fuerzas de seguridad y del personal judicial, el seguimiento de las agresiones y la cooperación entre instituciones.
Los riesgos tampoco se limitan a los asesinatos de periodistas. La UNESCO señala amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias y acoso judicial. Las profesionales sufren, además, formas específicas de violencia de género y ataques en internet.
Un derecho que también importa en León
Desde una perspectiva local, esta defensa conecta con una necesidad cotidiana: disponer de información contrastada sobre la gestión pública y los asuntos que afectan a los vecinos de León.
La UNESCO considera que el periodismo independiente permite denunciar abusos y exigir responsabilidades al poder. Por ello, la protección de quienes informan tiene una dimensión colectiva: preservar su seguridad también protege el acceso de la sociedad a información de interés público.
