La muerte de un menor de dos años durante un traslado hospitalario en Sevilla ha puesto al descubierto las alarmas sobre los protocolos de urgencia en la sanidad privada. Gonzalo falleció hace casi un año, el 27 de junio de 2025, tras ser derivado de urgencia entre dos centros gestionados por una aseguradora. Sus padres, lejos de rendirse tras el archivo de la vía penal, mantienen una batalla civil para evitar que el caso caiga en el olvido y para exigir responsabilidades por lo que consideran una flagrante negligencia médica.
Los hechos comenzaron con un cuadro clínico de fiebre, vómitos y epistaxis que, según la familia, fue minimizado en un primer diagnóstico como un proceso vírico común, dándole el alta sin realizar analíticas solicitadas. Tras empeorar drásticamente con una insuficiencia respiratoria severa, los padres regresaron al centro. La solución de la clínica fue gestionar un traslado a otro hospital de su propia red que dispusiera de UCI pediátrica, ignorando la alarmante saturación de oxígeno del menor, que se encontraba ya en un crítico 70%.
La decisión más controvertida y objeto de la demanda civil radica en la logística de dicha evacuación. El centro médico optó por ignorar el protocolo del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que exige que cualquier traslado pediátrico grave se realice en una unidad medicalizada con presencia obligatoria de un médico. En su lugar, el bebé fue embarcado en una ambulancia de soporte básico en un trayecto de más de media hora, ignorando además que el hospital público Virgen del Rocío se encontraba a tan solo cinco minutos de distancia. Gonzalo entró en parada cardiorrespiratoria durante el viaje y no sobrevivió, una tragedia que, según el propio equipo médico que lo recibió en destino, se podría haber evitado con una correcta estabilización e intubación previa.
