La parálisis administrativa vuelve a centrar el debate político en la institución provincial. El grupo de diputados del Partido Popular ha denunciado públicamente que la Diputación de León mantiene pendientes de abono los últimos flecos económicos de los planes de modernización de suelo industrial correspondientes a las convocatorias de los años 2021 y 2022, una situación que afecta directamente a las arcas de más de una treintena de municipios leoneses.
Se trata de un ambicioso plan que se articuló hace cinco años con un presupuesto global de 5 millones de euros —repartidos en 2 millones en el primer ejercicio y 3 millones en el segundo— ideado para que 32 ayuntamientos acometieran mejoras urgentes en sus polígonos de titularidad municipal, con partidas individuales que oscilaban entre los 75.000 y los 200.000 euros. Si bien la normativa de las bases reguladoras contemplaba el ingreso anticipado del 90% de la cuantía —abonado de forma efectiva entre 2022 y 2023—, el conflicto estalla ahora por el impago crónico del 10% restante.
Para el portavoz del Partido Popular en la institución, David Fernández, este escenario evidencia de forma nítida la «incapacidad de gestión» que, a su juicio, arrastra el equipo de gobierno de coalición formado por el PSOE y la UPL. El representante popular ha lamentado que trámites puramente burocráticos y de carácter ordinario sufran demoras tan prolongadas en el tiempo, recordando que son los propios ayuntamientos los que se ven obligados a tensionar sus presupuestos locales y adelantar unos fondos esenciales para el desarrollo empresarial y la fijación de tejido industrial en el medio rural.
