La Junta de Castilla y León defiende el regadío en Castilla y León como una herramienta clave para garantizar el futuro del medio rural. El Gobierno autonómico ha presentado alegaciones al Esquema Provisional de Temas Importantes, el documento previo al próximo Plan Hidrológico del Duero 2028-2033, que se encuentra en tramitación en la Confederación Hidrográfica del Duero.
La Administración autonómica rechaza el enfoque restrictivo del texto inicial. A su juicio, el documento plantea reducir dotaciones de agua sin ofrecer alternativas suficientes para el sector agrario.
La Junta considera que la planificación hidrológica debe apoyar la actividad económica, favorecer la incorporación de jóvenes al campo y contribuir a fijar población en los pueblos de Castilla y León, también en comarcas agrícolas de la provincia de León.
Más de 43.000 hectáreas nuevas de regadío
Entre sus propuestas, el Ejecutivo autonómico reclama incorporar más de 43.000 hectáreas nuevas de regadío en la Comunidad.
Las zonas planteadas incluyen Cea-Carrión, Armuña, Valduerna, Arandilla, Alaraz, Lastras de Cuéllar, Araviana, la margen izquierda del Tera y Valdavia. Entre ellas destaca Valduerna, con 3.100 hectáreas, por su impacto en el ámbito leonés.
La Junta sostiene que el regadío en Castilla y León mejora la productividad agraria, impulsa la industria agroalimentaria y genera empleo ligado al territorio.
Agua, empleo y población rural
La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, considera que la próxima planificación hidrológica es una “oportunidad decisiva”.
Según la Junta, la sostenibilidad de la cuenca no debe basarse solo en limitar consumos. El Gobierno autonómico apuesta por modernizar regadíos, mejorar la eficiencia del agua, ampliar la regulación y crear nuevas infraestructuras.
La Comunidad cuenta con unas 550.000 hectáreas de regadío, alrededor del 15 % de la superficie cultivable, por debajo de la media nacional indicada en el texto autonómico, situada en el 22,3 %.
Rechazo a los recortes automáticos
Otro punto central de las alegaciones afecta a las aguas subterráneas. La Junta se opone a aplicar restricciones generales en concesiones, renovaciones o modificaciones.
En su lugar, pide una evaluación individualizada, con criterios técnicos y sin reducciones automáticas del 10 % al 25 % cuando se modifiquen las concesiones.
El Gobierno autonómico advierte de que algunas medidas podrían provocar el paso a secano de 32.000 hectáreas, con un coste estimado de 17,8 millones de euros al año para el sector y el posible abandono de más de 3.000 explotaciones.
Seguridad jurídica para los regantes
La Junta también reclama seguridad jurídica para los regadíos modernizados. Defiende que los ahorros de agua derivados de estas actuaciones deben servir para mejorar la eficiencia, no para recortar derechos de forma automática.
Además, propone sustituir de forma progresiva recursos subterráneos por superficiales. También plantea crear una mesa de trabajo entre las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas y la Confederación Hidrográfica del Duero.
En materia de contaminación difusa, pide aplicar medidas solo en masas de agua con afección acreditada. También reclama priorizar herramientas de gestión agronómica como SATIVUM, desarrollada por el ITACyL.
Un debate abierto para el campo leonés
El debate sobre el regadío en Castilla y León vuelve a situarse en el centro de la política agraria. Para la Junta, el futuro Plan Hidrológico del Duero debe combinar protección ambiental, actividad económica y cohesión territorial.
El Ejecutivo autonómico reclama compromisos presupuestarios, calendarios de ejecución, seguimiento y coordinación administrativa.
También pide que los nuevos usos industriales o energéticos vinculados a renovables no perjudiquen la garantía de los usos agrarios ya existentes.
