El Partido Popular ha reclamado a la Diputación de León que aclare la situación judicial abierta por las dos empresas que gestionaban el anterior contrato de conservación de carreteras en León. Las adjudicatarias denuncian que la institución provincial no actualizó los precios del servicio desde 2017 hasta la firma del nuevo contrato, suscrito en 2023.
Según el PP, esta discrepancia podría tener consecuencias económicas para la Diputación. En caso de que los tribunales den la razón a las empresas, la institución tendría que abonar la diferencia por el aumento de los costes durante esos años, además de los posibles intereses de demora.
La reclamación de las adjudicatarias
Las empresas ya habían solicitado a la Diputación una adecuación de los precios. Su reclamación se apoyaba en el pliego aprobado en 2015, que contemplaba una revisión “en la parte de obra” a partir de las prórrogas de 2018 y 2019, según la información trasladada por el PP.
También invocaban la normativa excepcional aprobada en 2022 para responder al encarecimiento de materiales y costes en la obra pública tras la crisis de precios agravada por la guerra de Ucrania. El Real Decreto-ley 3/2022 reguló medidas excepcionales de revisión de precios en determinados contratos públicos de obras.
La respuesta de la Diputación
La Diputación rechazó esa reclamación al considerar que el contrato original no contemplaba la revisión de precios. Sin embargo, las empresas sostienen que el servicio ya estaba prorrogado hasta la licitación y adjudicación del nuevo contrato de conservación de carreteras en León.
El contrato inicial se adjudicó en 2015 en dos lotes, correspondientes a las zonas occidental y oriental de la red provincial. La cuantía rondaba los 1,5 millones de euros anuales por sector, con una vigencia de dos años y una prórroga máxima hasta 2019.
Prórrogas y nuevo contrato
El PP sostiene que el anterior equipo de gobierno de PSOE y UPL prorrogó el servicio durante buena parte del mandato “sin soporte contractual”, mediante pagos a través de reconocimientos extrajudiciales de crédito. También recuerda que el nuevo contrato no se licitó hasta 2021.
Ese primer intento quedó paralizado porque Ineco, la consultora pública dependiente del Ministerio de Transportes, no asumió la valoración de las ofertas, lo que obligó a convocar de nuevo el procedimiento. Finalmente, el contrato vigente se adjudicó en 2023.
La nueva adjudicación elevó la dotación hasta 3 millones de euros anuales para cada uno de los dos sectores, según las informaciones publicadas.
El PP pide explicaciones
Los populares consideran necesario que la Diputación explique el alcance de la denuncia y el posible impacto económico para las arcas provinciales. La formación pide conocer si la institución prevé algún escenario de responsabilidad económica y qué argumentos defenderá ante los juzgados.
El caso queda ahora pendiente de la vía judicial. Mientras tanto, el debate político se centra en la gestión de las prórrogas, la actualización de precios y la planificación del mantenimiento de una red viaria clave para la conexión de los pueblos de la provincia.
