La base del recurso, tal como alegó PACMA, es que la exclusión de una especie del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial es una competencia del Gobierno y no del poder legislativo. El Defensor considera que la acción del Congreso «no constituye un ejercicio normal de la potestad legislativa, sino una actividad, material y típicamente ejecutiva», vulnerando la separación de poderes.
Además, la institución coincide con el partido animalista en que la medida incumple el artículo 45 de la Constitución, que obliga a equilibrar la actividad económica con la protección del medio ambiente. Según argumentan, «se ha antepuesto la ganadería a la protección del medio ambiente» y se ha impedido la participación ciudadana en la decisión.
Desde PACMA se han mostrado «esperanzados» con el recurso, aunque lamentan la inacción del Gobierno. Consideran que el Ejecutivo «debería haber interpuesto un conflicto de competencias y habría paralizado así este atentado contra el lobo», en referencia a las cacerías autorizadas en varias comunidades autónomas desde el pasado marzo.
