La tensión vecinal por el proyecto de la red de calor en León ha saltado definitivamente a los tribunales. La Asociación de Vecinos de La Lastra y la Asociación Carrusel de Puente Castro han formalizado hoy una demanda contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de León, apenas 24 horas después de que el equipo de gobierno anunciara la supuesta aprobación de la licencia de obras.
Los colectivos vecinales aseguran que dicha licencia aún no ha sido aprobada formalmente y lanzan una advertencia directa a los concejales de todos los grupos políticos: les piden que voten «en conciencia» y que no den vía libre a un proyecto que califican de ilegal y perjudicial para el interés general.
Acusaciones de opacidad y «ocultación»
El centro de la crítica vecinal apunta directamente a la gestión del alcalde, José Antonio Díez. Según denuncian las asociaciones, el Ayuntamiento ha ignorado sistemáticamente hasta cuatro peticiones formales de acceso al expediente.
«Hemos solicitado comparecer en el expediente de licencia el 24 de septiembre, 15 de octubre, 7 de noviembre de 2025 y el 26 de marzo de 2026 sin obtener respuesta alguna», lamentan desde las entidades.
Para los vecinos, este silencio administrativo solo tiene una explicación: «¿Qué tienen que esconder a nivel municipal?», se preguntan, señalando que la tramitación se ha realizado a espaldas de los afectados.
Un proyecto «negativo» para la ciudad
Más allá de las formas, el fondo del proyecto también genera un rechazo absoluto entre los vecinos de La Lastra y Puente Castro. Sostienen que la red de calor infringe normativas ambientales y urbanísticas fundamentales. Entre los principales argumentos para su rechazo destacan:
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Molestias por obras: La ejecución inicial prevé el levantamiento del subsuelo urbano para instalar 30 kilómetros de tuberías.
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Impacto ambiental: Denuncian posibles infracciones de la normativa de calidad del aire y cercanía a zonas residenciales.
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Cuestión económica: Consideran que este proyecto supone el desvío de millones de euros de los fondos de Transición Justa, que originalmente deberían destinarse a la reindustrialización de las cuencas mineras de El Bierzo, Laciana y la Montaña Central Leonesa.
Las asociaciones concluyen haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía leonesa para que se sumen al rechazo de una infraestructura que, a su juicio, solo traerá «obras innecesarias» y molestias crónicas a los barrios afectados. El futuro de la calefacción urbana de León queda ahora en manos de la justicia.
