La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha comunicado a los integrantes de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León el inicio de los trabajos para redactar un Plan Forestal Integral de Castilla y León. La propuesta autonómica busca aumentar la rentabilidad de las explotaciones madereras e integrar la prevención de incendios mediante una intervención directa en el territorio.
La titular del área, María González Corral, trasladó a los representantes empresariales la intención de convertir el texto en una herramienta para movilizar recursos y consolidar la transformación industrial en la comunidad. La estrategia aborda desde la tramitación técnica hasta la salida comercial de la materia prima, en un contexto de creciente demanda internacional de madera para la edificación sostenible, empaquetado, papel y tableros.
Castilla y León concentra la mayor superficie arbolada del país, con 5,1 millones de hectáreas forestales. Dentro de este inventario, la administración regional gestiona 1,8 millones de hectáreas catalogadas como montes de utilidad pública. La consejería ha fijado como meta para la presente legislatura que la totalidad de estos terrenos públicos cuente con un plan de gestión actualizado, en coordinación con las entidades locales propietarias.
La propiedad privada representa la porción principal del mapa forestal castellano y leonés: un 64 % de la superficie, equivalente a casi 3,3 millones de hectáreas en manos de más de 700.000 propietarios. Para este colectivo, el plan prevé mecanismos de simplificación administrativa, digitalización de expedientes y el fomento del asociacionismo con el fin de corregir la fragmentación de la propiedad.
El tejido socioeconómico vinculado a la masa forestal de la región reúne a más de 1.000 empresas, mayoritariamente pymes radicadas en áreas rurales. Esta red productiva genera más de 10.000 empleos directos y aporta una cifra superior a los 1.500 millones de euros en valor añadido.
La reducción de la carga de combustible vegetal en el monte constituye uno de los ejes técnicos de la iniciativa. La Junta plantea sustituir el modelo de intervención puntual por una prevención territorial continua apoyada en la selvicultura preventiva, los desbroces sistemáticos, la red de caminos e infraestructuras y la extracción regulada de madera y biomasa forestal.
En el ámbito de la energía renovable, el Ejecutivo regional contempla la puesta en servicio de 100 nuevos kilómetros de redes de calor durante la legislatura. Esta ampliación duplicará la infraestructura autonómica y absorberá un suministro estimado de 160.000 toneladas anuales de biomasa obtenida de los trabajos de limpiezas y claras en los montes regionales.
Constituida en 2007, la Mesa Intersectorial de la Madera integra a los agentes clave de la cadena productiva. En el encuentro participaron la Asociación Nacional de Fabricantes de Tableros (ANFTA), la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), la Asociación Española para la Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM), la Confederación de Empresarios de la Madera de Castilla y León (CEMCAL), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), la Federación Española de la Industria de la Madera (FEIM), la Asociación Empresarial del Hábitat (UNEX) y la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).
