La Comisión de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de las Cortes de Castilla y León ha rechazado este jueves, 17 de septiembre, la iniciativa de Unión del Pueblo Leonés (UPL) sobre las obras del Canal Bajo del Bierzo. La proposición pedía a la Junta completar las actuaciones necesarias para que el agua llegue desde los hidrantes instalados hasta todas las parcelas de la zona regable. PP y Vox votaron en contra de la propuesta.
La Proposición No de Ley, registrada como PNL 162/12, había sido presentada por Alicia Gallego, Luis Mariano Santos y Rosa María Quintanilla. Su texto planteaba tres medidas principales: no considerar finalizada la reforma mientras no se cumplieran los objetivos recogidos en la memoria del proyecto, avanzar en la concentración parcelaria y ejecutar las conexiones necesarias entre los hidrantes y las fincas.
UPL denuncia dificultades para regar algunas parcelas
Durante la defensa de la iniciativa, la procuradora leonesista Rosa María Quintanilla sostuvo que parte de los regantes continúa teniendo problemas para disponer de agua con el caudal y la presión necesarios.
UPL mantiene que la instalación de hidrantes comunes no ha resuelto por completo el acceso al agua de determinadas explotaciones. Según la formación, la distancia entre esos puntos y algunas fincas obliga a los agricultores a asumir nuevas canalizaciones para llevar el agua hasta sus terrenos.
La documentación parlamentaria recoge precisamente la petición de ejecutar “las obras necesarias” desde los hidrantes hasta todas las parcelas de la zona de riego. También reclama que la Junta garantice las condiciones necesarias para el riego por aspersión.
La concentración parcelaria entra en el debate
Otro de los puntos centrales fue la situación de la concentración parcelaria del Canal Bajo del Bierzo. Este proceso fue declarado de utilidad pública y urgente ejecución mediante el Acuerdo 209/2022, de 22 de diciembre, de la Junta de Castilla y León.
UPL considera que la reorganización de las fincas debería coordinarse con las infraestructuras de riego. Su argumento es que la distribución y los límites de las parcelas cambiarán cuando termine la concentración parcelaria y, por tanto, algunos hidrantes podrían quedar mal situados respecto a las nuevas propiedades.
La formación defendió por ello que primero debería completarse la concentración y, posteriormente, adaptar la red de tuberías a la configuración definitiva de las explotaciones.
Las bases definitivas de la concentración parcelaria fueron sometidas a información pública en septiembre de 2025, según publicó el Boletín Oficial de Castilla y León.
El PP asegura que estudia posibles actuaciones
Durante el debate, el Partido Popular rechazó la PNL, aunque señaló que no se “cierra en banda” a analizar las actuaciones planteadas para completar las conexiones, según las informaciones publicadas tras la comisión.
UPL consideró insuficiente esa posición e insistió en que la Administración autonómica no debería considerar resuelta la actuación mientras haya agricultores que, según denuncia la formación, no puedan regar sus parcelas en las condiciones previstas.
La proposición terminó siendo rechazada tras el voto contrario de PP y Vox. La iniciativa no obligaba directamente a ejecutar las obras, pero buscaba que las Cortes instasen a la Junta a completar las conexiones pendientes y a coordinar esas actuaciones con la concentración parcelaria.
Una modernización clave para los regadíos del Bierzo
El Canal Bajo forma parte de una zona agrícola estratégica para El Bierzo. Dentro del proceso de modernización del regadío, el Ministerio de Agricultura anunció en 2024 una inversión de 31 millones de euros para actuaciones destinadas a 6.874 regantes y 2.227 hectáreas de Ponferrada, Camponaraya y Carracedelo.
La documentación estatal del proyecto contempla sustituir infraestructuras abiertas por tuberías enterradas y avanzar hacia sistemas de riego por aspersión y goteo, además de redes de distribución y telecontrol.
El debate político se centra ahora en hasta dónde deben llegar las actuaciones públicas para que esa modernización permita disponer de agua en las condiciones necesarias dentro de cada explotación.
