La justicia ha dictado su veredicto definitivo en uno de los casos que más ha tensionado la política municipal de la comarca de llanura leonesa en los últimos años. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha confirmado de manera íntegra el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa contra la alcaldesa de Santa María del Páramo, Alicia Gallego, quien venía siendo investigada por presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental.
El tribunal ha desestimado con rotundidad el recurso de apelación presentado por la Asociación de Vigilantes Municipales de Castilla y León (AVIMUCYL). Esta resolución ratifica el auto dictado previamente por el Tribunal de Instancia de La Bañeza, concluyendo de forma cristalina que no existen elementos suficientes para mantener la acusación penal.
Un conflicto laboral disfrazado de vía penal
El origen de este tedioso periplo judicial se remonta a noviembre de 2018, cuando tres vigilantes municipales interpusieron una denuncia ante la Fiscalía. Tras casi seis años de instrucción y la práctica de abundantes diligencias —que han incluido un minucioso examen de documentación administrativa, informes oficiales y múltiples declaraciones testificales— la Audiencia Provincial ha determinado que los hechos carecen por completo de relevancia delictiva.
Lejos de encontrar indicios de criminalidad, el auto judicial expone una realidad bien distinta. El texto subraya la existencia de un evidente contexto de conflicto previo, detectando «ciertos motivos de enemistad» y una «mala relación» entre los denunciantes y el equipo de gobierno. La raíz del desencuentro se sitúa en la frustrada pretensión de crear un cuerpo de Policía Local en el municipio, una posibilidad que ya fue descartada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
El dictamen del tribunal es tajante: El caso responde en realidad a un «conflicto profesional, o incluso personal» derivado de la discrepancia laboral ordinaria, y enmarca las decisiones de la alcaldesa dentro del uso legítimo de las facultades propias de la gestión municipal.
Fin a la estrategia de la judicialización política
Esta resolución no solo supone un alivio personal y político para Alicia Gallego tras más de un lustro bajo la sombra de la sospecha, sino que sienta un precedente contra la instrumentalización de los tribunales. El auto judicial deja claro que las tensiones de carácter laboral y organizativo dentro de un ayuntamiento deben resolverse en los canales administrativos correspondientes y no mediante la vía penal.
Con este carpetazo definitivo, la Audiencia Provincial de León invalida una estrategia que ha pretendido estirar durante años una acusación infructuosa, devolviendo el foco del debate al terreno de la gestión pública y la política municipal de Santa María del Páramo.
