Movimiento Sumar Castilla y León ha reclamado al Gobierno autonómico que ponga a disposición todos los recursos disponibles para facilitar la acogida de menores migrantes en Castilla y León ante la situación registrada en Ceuta.
La formación ha dirigido su petición al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, al que insta a situar a la Comunidad entre los territorios dispuestos a colaborar en la protección de los niños y adolescentes que han llegado sin acompañamiento familiar.
La petición se produce en plena controversia política por la respuesta de las comunidades autónomas a la llegada de menores a Ceuta. El actual sistema permite redistribuir menores entre territorios cuando se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria. La normativa estatal establece, además, criterios vinculados a la capacidad de los distintos sistemas autonómicos de protección.
Sumar apela a una respuesta humanitaria
En el comunicado remitido por su Grupo Coordinador Autonómico, Movimiento Sumar sostiene que la situación debe abordarse como “una crisis humanitaria” y considera que la atención a los menores no puede recaer únicamente sobre Ceuta.
La organización defiende que las comunidades autónomas deben participar en una respuesta coordinada que garantice los derechos y la protección de los menores.
Además, critica la posición incluida en el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. El pacto establece que la Junta se opondrá por vías “legales, jurídicas y políticas” a los mecanismos de reparto de inmigrantes en situación irregular, incluidos los menores.
No obstante, la legislación estatal actualmente en vigor contempla mecanismos de traslado en situaciones de contingencia migratoria. El Real Decreto 556/2026, publicado en julio, fija para Castilla y León una capacidad ordinaria de 833 menores extranjeros no acompañados. En el caso de Ceuta, esa referencia se sitúa en 29. Estas cifras representan la capacidad ordinaria calculada conforme al sistema estatal y no equivalen, por sí solas, al número de menores que cada territorio deba recibir ahora.
Críticas a Carlos Pollán
El comunicado de Movimiento Sumar también centra sus críticas en Carlos Pollán, vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.
Pollán asumió estas competencias tras la formación del nuevo Ejecutivo de coalición entre PP y Vox en junio de 2026.
Según recoge el texto difundido por Sumar, el dirigente de Vox habría relacionado el reparto con una “preparación para la próxima invasión”. La formación rechaza ese planteamiento y sostiene que utilizar ese término para hablar de niños y adolescentes contribuye a generar una imagen de amenaza alrededor de los menores.
El departamento que dirige Pollán ha mantenido durante las últimas semanas una posición crítica con la política migratoria del Gobierno central y ha defendido la denominada “prioridad nacional” como uno de los ejes de su actuación.
El precedente de los 21 menores de Canarias
Movimiento Sumar también recuerda lo ocurrido en julio de 2024, cuando Castilla y León aceptó recibir a 21 menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.
Entonces, el propio Mañueco defendió que Castilla y León sería solidaria con Canarias y Ceuta y confirmó que cumpliría el acuerdo de acogida. La Junta votó a favor de recibir a esos 21 menores dentro del Plan de Respuesta aprobado previamente por las comunidades autónomas.
Aquella decisión desencadenó una fuerte crisis entre los socios del Ejecutivo autonómico. Un día después, Vox abandonó el Gobierno de Castilla y León siguiendo la decisión adoptada por la dirección nacional del partido de romper sus coaliciones autonómicas con el PP por las discrepancias sobre la acogida de menores migrantes.
Dos años después, PP y Vox gobiernan de nuevo juntos en Castilla y León tras el acuerdo alcanzado en junio de 2026. El nuevo pacto incluye expresamente el rechazo a los mecanismos de reparto impulsados por el Ejecutivo central.
Llamamiento a ayuntamientos y entidades sociales
Movimiento Sumar Castilla y León ha extendido su petición a los ayuntamientos y entidades sociales de la Comunidad que estén dispuestos a colaborar en la acogida.
La formación les anima a comunicar públicamente su disponibilidad y defiende una respuesta basada en la protección de la infancia y la cooperación entre administraciones.
Mientras continúa el enfrentamiento político, la Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de protección de los menores y actuar ante posibles obstáculos de las administraciones a los traslados establecidos legalmente.
De este modo, la acogida de menores migrantes en Castilla y León vuelve a situarse en el centro del debate político autonómico, esta vez con el nuevo Gobierno PP-Vox y la crisis migratoria de Ceuta como telón de fondo.
