La Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! defenderán este miércoles en el pleno de las Cortes de Castilla y León una Proposición de Ley para la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León, con la que pretenden aprobar una ley para reforzar a los agentes medioambientales de la Comunidad. El objetivo es que el territorio deje de ser una de las pocas autonomías sin una legislación específica sobre este colectivo clave en la protección del entorno natural.
La iniciativa, registrada el pasado mes de mayo, llega al debate parlamentario tras un verano marcado por numerosos incendios forestales. UPL y Soria ¡Ya! aspiran a que se tome en consideración la norma y a situar a Castilla y León «a la cabeza de la defensa integral del medio ambiente y de la protección de los entornos rurales», según han subrayado.
Una ley propia para un territorio con más del 50% de superficie forestal
La propuesta parte de un diagnóstico claro: la Comunidad cuenta con una superficie forestal que supera el 50% de su territorio, con más de 5 millones de hectáreas de masa forestal, de las que más de 3 millones son de arbolado. Este peso del patrimonio natural otorga una relevancia especial al trabajo de los agentes medioambientales, encargados de vigilar montes, bosques, ríos, lagunas y espacios protegidos.
La ley para reforzar a los agentes medioambientales se apoya en las competencias de la Administración autonómica en materia de protección de montes, fauna y flora. Además, pone el foco en el impacto económico de estos recursos, que sostienen aprovechamientos forestales y el turismo rural sostenible, considerados por los proponentes como un motor de riqueza y un eje estratégico en la lucha contra la despoblación.
Desarrollo de la Ley 4/2024 y papel de CSIF
El texto que se debatirá en las Cortes desarrolla la Ley 4/2024, de 8 de noviembre, básica de agentes forestales y medioambientales, aprobada por el Estado. La futura norma autonómica pretende adaptar ese marco general a la realidad específica de Castilla y León.
En la elaboración de la proposición ha participado de forma activa la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que lleva años reclamando una regulación clara y homogénea para el colectivo. La propuesta busca así traducir las bases estatales en una ley para reforzar a los agentes medioambientales que dote de estabilidad y seguridad a su trabajo diario sobre el terreno.
Un servicio esencial en incendios, emergencias y apoyo al medio rural
UPL y Soria ¡Ya! destacan que este colectivo constituye un servicio esencial. Los agentes medioambientales dirigen el operativo en más del 90% de los incendios forestales que se registran en la Comunidad y se sitúan en primera línea en situaciones de riesgo para los montes y la población.
Su labor no se limita a la extinción de incendios. También realizan tareas de rescate de personas en entornos naturales, colaboran en emergencias y apoyan a la población rural. Durante la pandemia de 2020, por ejemplo, estos profesionales visitaron pueblos para comprobar el bienestar de los vecinos y repartir medicamentos. Más recientemente, han participado en operativos relacionados con fenómenos meteorológicos extremos como la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana.
Agentes medioambientales, pieza clave contra la despoblación
La proposición de ley incide en que el personal de este ámbito no solo protege el entorno, sino que también contribuye a fijar población en las zonas rurales. Su presencia en el territorio y su trabajo de vigilancia sobre los aprovechamientos forestales garantizan una actividad económica estable ligada al medio natural.
El texto menciona sectores como los aprovechamientos maderables, cinegéticos, piscícolas, resineros, micológicos —con especial peso en la provincia de Soria—, del corcho, especialmente relevante en la localidad salmantina de Valdelosa, o el uso de frutos y plantas. Todos ellos se consideran actividades que pueden generar empleo y ofrecer un futuro laboral a la juventud en el medio rural, siempre que exista una gestión sostenible y controlada por profesionales cualificados.
En este contexto, la ley para reforzar a los agentes medioambientales se presenta como una herramienta para asegurar ese equilibrio entre conservación de la naturaleza y desarrollo económico, al tiempo que se impulsa el relevo generacional en los pueblos.
Inseguridad jurídica y falta de medios, en el centro del debate
Actualmente, Castilla y León carece de un marco normativo autonómico específico para regular la actividad de los agentes medioambientales. Su trabajo se rige por una normativa dispersa en diferentes leyes y reglamentos, lo que genera inseguridad en el ejercicio de sus funciones, dificultades de coordinación y falta de recursos materiales adecuados, según denuncian las formaciones proponentes y los representantes sindicales.
La Proposición de Ley registrada por UPL y Soria ¡Ya! busca definir de forma inequívoca las competencias de estos profesionales mediante la creación del Cuerpo de Agentes Medioambientales de Castilla y León. De esta forma, se pretende reforzar su papel en la protección integral del medio ambiente y garantizar un servicio público más eficiente y eficaz, especialmente en las áreas rurales donde la presencia institucional es más limitada.
Objetivo: más protección y mejor gestión del patrimonio natural
Los impulsores de la iniciativa subrayan que el objetivo principal de la ley para reforzar a los agentes medioambientales es mejorar la gestión y conservación del patrimonio natural de Castilla y León. Para ello, apuestan por consolidar la figura de estos profesionales como autoridad reconocida en el territorio y por dotarles de mayores garantías y medios.
En definitiva, la toma en consideración de esta Proposición de Ley abre un nuevo escenario en la política ambiental de la Comunidad. El debate parlamentario determinará si Castilla y León da el paso hacia una regulación propia que reconozca el peso estratégico de sus agentes medioambientales y responda a los desafíos de los incendios, la protección de los ecosistemas y la lucha contra la despoblación rural.