La Unión del Pueblo Leonés (UPL) consiguió la aprobación en la Comisión de Educación de las Cortes de Castilla y León de una Proposición No de Ley (PNL) para renovar y actualizar las ratios del personal docente y no docente en los Centros de Educación Especial, con el único voto en contra del PP. La iniciativa fue defendida por José Ramón García, procurador berciano de UPL, quien subrayó la urgencia de un marco normativo propio para estos centros.
Una normativa “obsoleta” que no responde a la realidad actual
García argumentó que el objetivo es “dar voz” a un sistema educativo a menudo relegado, con alumnado que requiere atención específica y constante. A su juicio, la regulación vigente es deficitaria y desfasada, no se adapta a la evolución pedagógica ni a los nuevos perfiles del alumnado ni a las necesidades organizativas de los centros.
Lo más relevante: la PNL reclama un currículo propio y un reglamento orgánico específico para los Centros de Educación Especial en Castilla y León.
Quince años sin actualizar y sin reglamento orgánico propio
El procurador recordó que, pese a los cambios sociales y educativos de los últimos quince años, la Junta no ha actualizado el marco y los centros carecen de reglamento orgánico propio. “No se puede tratar igual a un centro de Educación Especial que a un CEIP o un IES”, defendió, en línea con lo que ya han hecho otras comunidades.
Transición a la Vida Adulta, aún con normativa de 1999
Otro de los puntos críticos señalados por UPL es la etapa de Transición a la Vida Adulta (16–21 años), regulada por una norma de 1999. La formación reclama una actualización integral, con un enfoque moderno, funcional y útil que dote a esta etapa de seguridad jurídica y homogeneidad entre centros.
Ratios y personal no docente: la “doble desigualdad”
La propuesta denuncia que las ratios actuales permanecen insuficientes y que no se contempla adecuadamente la realidad del personal no docente (enfermería, fisioterapia, ATE, orientación), sin criterios claros sobre cuándo deben existir determinados servicios sanitarios.
Punto clave: la PNL pide actualizar las ratios y definir perfiles y dotaciones para garantizar equidad e inclusión.
Impacto en la comunidad educativa
UPL sostiene que la falta de actualización provoca plantillas desbordadas, programas dispares y desigualdad territorial, con diferencias entre provincias como Valladolid, León, Zamora o Palencia.
“Defender la Educación Especial es defender la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades”, insistió García, quien remarcó que no es un gasto, sino una inversión en inclusión, equidad y calidad.
Próximos pasos
Con la PNL aprobada, UPL insta a la Junta a desarrollar una normativa específica que incluya currículo propio, reglamento orgánico, actualización de ratios y criterios homogéneos para recursos humanos y servicios asistenciales.
Conclusión destacada: la excelencia educativa “no se mide solo en PISA”, sino en cómo se garantiza el derecho a una educación de calidad para el alumnado que más apoyo necesita.
