UGTCyL ha manifestado su satisfacción por la tramitación del anteproyecto del Estatuto de las personas en prácticas formativas no laborales porque, según el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral, Alberto Miguel, “supone un avance en los derechos de las personas becarias” al continuar la estela de protección iniciada en 2024 con la cotización a la Seguridad Social de las prácticas no laborales. Además, consigue acabar con la figura del “falso becario”, dando paso a un modelo que prioriza los derechos y la formación real. Incluso, la propia sustitución del término “becario” por el de “persona en prácticas formativas no laborales”, supone terminar con un concepto que ha sufrido una gran degradación a lo largo del tiempo.
Así, desde UGTCyL se destaca que este Estatuto es un instrumento clave para que la igualdad de oportunidades y que el acceso a la formación en las empresas no convierta a las personas becarias en trabajadores low cost. Para ello, además de impulsar la presencia sindical y la inspección activa, limita las prácticas extracurriculares, las que más fraude y precariedad generan, y establece la compensación de gastos, en caso de que la práctica no sea remunerada y no exista obra beca que los cubra. Por otra parte, reconoce la distinción entre aprendizaje y
ejercicio laboral, y reconoce a las personas becarias los mismos derechos y beneficios que las
plantillas de las empresas en las que realicen sus prácticas.
En Castilla y León, concretamente, el 7,7% de los trabajadores se encuentran en esta situación, es decir más de 68.600 personas, lo que refleja, según Alberto Miguel, vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, “la magnitud del colectivo afectado por esta nueva
medida”.
Por último, y tras señalar que el texto es el acordado en el Diálogo Social, lo que demuestra el esfuerzo por alcanzar un equilibrio que fuera asumible por todas las partes, el sindicato hace un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que tengan “altura de miras” y mantengan el consenso alcanzado para “aprobar una norma que supone un compromiso con la juventud estudiante de nuestro país”.
