La tramitación de la ley que buscaba reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales ha sido frenada en seco en el Congreso de los Diputados. Una alianza entre la derecha, la extrema derecha y Junts ha impedido que la propuesta avance, evitando así un debate parlamentario sobre una medida que, según diversas encuestas, cuenta con un apoyo mayoritario entre la ciudadanía.
Desde UGT Castilla y León, el rechazo a la ley es motivo de preocupación. El sindicato ha instado a los grupos políticos que tumbaron la propuesta a que expliquen a los más de 550.000 trabajadores de la región por qué se oponen a una mejora de sus condiciones laborales. El sindicato subraya que esta medida beneficiaría especialmente a colectivos vulnerables como mujeres, jóvenes y trabajadores de sectores precarizados como la hostelería, el comercio y el transporte.
Horas extra y precariedad: el debate de fondo
UGT sostiene que la oposición empresarial a esta reducción de jornada se debe, en gran medida, al temor a un mayor control sobre el tiempo de trabajo real y las horas extra no declaradas. En Castilla y León, la cifra de horas extraordinarias no remuneradas supera las 190.000 semanales, lo que, en palabras del vicesecretario de Acción Sindical, Alberto Miguel Lorenzo, equivale a la pérdida de casi 5.000 puestos de trabajo a jornada completa.
«Intensificar el control horario implica que a algunos se les acaba el chollo del trabajo gratis», afirma Lorenzo. El sindicato insta al Gobierno a que impulse una reforma del control horario para combatir el abuso de las horas extra sin compensación, una realidad que, según UGT, convierte las 40 horas semanales en una «ficción que oculta sobrecarga, precariedad y explotación laboral».
Para solucionar este problema, el sindicato exige la aprobación urgente de un Real Decreto que regule un sistema de registro horario «moderno, digital y transparente», que permita a la Inspección de Trabajo un acceso remoto y ofrezca garantías de control a los representantes de los trabajadores.
