Valladolid ha sido el escenario del mensaje político y sindical lanzado por UGT Castilla y León tras la celebración de su II comité autonómico ordinario. La organización ha aprobado una resolución con objetivos para los próximos meses y ha puesto el foco en dos frentes: el contexto internacional y la agenda laboral en la comunidad.
En el plano laboral, la denuncia más directa se dirige a la negociación colectiva. UGT Castilla y León sostiene que la patronal mantiene “secuestrada” la negociación, con 114 convenios sectoriales sin negociar en la comunidad, según expuso en la reunión.
Un conflicto laboral que afecta a empresas y trabajadores de toda la comunidad
El sindicato vincula el bloqueo de convenios a debates clave que atraviesan también al tejido productivo leonés y del resto de provincias: subidas salariales, reducción de jornada y condiciones de incapacidad temporal.
UGT avisa de que, aunque su vía preferente es el acuerdo, no descarta recurrir a la presión sindical si no hay avances. En ese marco, remarca que no quiere normalizar que en Castilla y León los salarios estén un 10% por debajo de la media estatal ni que se trabajen dos jornadas más, además de exigir que se respete el 3% pactado en el V AENC y que las horas extra se paguen y coticen.
El SMI, la “herramienta” que UGT pone en primer plano
La organización también ha valorado la evolución del Salario Mínimo Interprofesional como elemento de “justicia social”. En su resolución, UGT subraya el incremento del 66% del SMI desde 2019, lo que equivale a 485 euros más al mes, y sostiene que esta mejora protege a los perfiles más vulnerables frente a la precariedad.
Según el sindicato, en Castilla y León la precariedad afecta a más de 130.000 personas trabajadoras.
Objetivo: reducir la jornada a 37,5 horas y reforzar el control horario digital
Entre sus prioridades, UGT Castilla y León fija una meta concreta: avanzar hacia una jornada laboral de 37,5 horas, que —según sus cálculos— beneficiaría a 550.000 personas trabajadoras en la comunidad.
A la vez, plantea mejorar el control del tiempo de trabajo con un registro horario digital que sea seguro y trazable, y combatir la parcialidad involuntaria. Todo ello, sostiene, debe ir acompañado de estabilidad económica para el SERLA, el servicio autonómico de mediación laboral.
Prevención de riesgos, vivienda y pensiones: más medidas en la agenda
La resolución también reclama la reforma “inmediata” de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que UGT considera paralizada durante 18 meses, con el objetivo de proteger la salud física y mental e incorporar riesgos ligados a la digitalización.
En paralelo, el sindicato refuerza su defensa de los servicios públicos y reclama políticas de vivienda que amplíen el parque asequible, limiten la especulación y regulen los alquileres en zonas tensionadas.
En materia de pensiones, UGT recuerda que Castilla y León cuenta con 635.000 pensionistas, a los que define como un pilar de la vida social y económica de los municipios, y exige pensiones dignas y medidas contra la brecha de género en el sistema.
Un mensaje político con eco internacional
Más allá de las reivindicaciones laborales, el comité autonómico aprobó un texto que rechaza el uso de la fuerza en conflictos internacionales y defiende “la vía diplomática, el diálogo y el respeto al derecho internacional”. En su argumentario, el sindicato alerta del avance de políticas autoritarias y liga el debate a la defensa de la democracia y los derechos.
