La investigación judicial sobre el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha entrado en una fase de tensión institucional tras la recepción del último atestado de la Guardia Civil. En un escrito remitido al juzgado, la policía judicial denuncia irregularidades graves por parte de Adif, acusando al gestor de infraestructuras de retirar material sensible de la escena del siniestro sin autorización y de realizar ensayos unilaterales que podrían haber contaminado pruebas clave.
Maniobras nocturnas y sin permiso
Según detalla el informe policial, las actuaciones irregulares tuvieron lugar entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de enero. Durante esas horas, personal de Adif procedió a la extracción y traslado de varios fragmentos de raíl —técnicamente denominados «cupones»— desde el punto kilométrico del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos.
El responsable de dicha base declaró ante los agentes el pasado 6 de febrero que actuó bajo una «orden verbal» de su jefe de área. Esta instrucción implicaba la retirada inmediata de restos que contenían soldaduras críticas para esclarecer las causas del descarrilamiento.
Desobediencia a la autoridad judicial
La Guardia Civil califica estos hechos de graves, subrayando que Adif tenía conocimiento pleno de la prohibición de alterar la escena. El cuerpo policial constata que el 2 de enero se envió un correo electrónico explícito a Adif advirtiendo de que «no se realizara ningún tipo de actuación» sobre las soldaduras sin un permiso judicial previo.
A pesar de esta comunicación y de carecer de luz verde del juzgado, el ente público no solo movió las piezas, sino que practicó pruebas de dureza sobre los rieles. Estas pruebas se realizaron sin notificar a la jueza encargada del caso ni a las partes personadas, actuando al margen del procedimiento legal establecido.
Riesgo de contaminación de la investigación
La unilateralidad de Adif ha puesto en jaque el trabajo de los peritos independientes. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) había solicitado formalmente autorización a la jueza el 3 de febrero para analizar esas mismas soldaduras, desconociendo que el material ya había sido manipulado y testado por la parte implicada en la gestión de la vía.
Aunque el declarante de Adif aseguró que los test realizados «no fueron destructivos», la Guardia Civil ha manifestado en su escrito su ignorancia sobre el alcance real de dichas pruebas y cómo estas podrían haber alterado las propiedades físicas del metal, comprometiendo las conclusiones futuras de la CIAF.
El hallazgo «accidental» de la manipulación
La cronología de los hechos revela que la sustracción de las pruebas no fue comunicada voluntariamente, sino descubierta por los investigadores. El 30 de enero, cuando agentes de la Guardia Civil y técnicos de la CIAF acudieron al lugar del siniestro para tomar mediciones sobre el bogie del vagón número 8 del tren Iryo accidentado, se percataron de la ausencia de los tramos de vía. Fue entonces cuando se les informó que los cupones ya estaban en Hornachuelos.
Ante la gravedad del hallazgo, la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba tuvo que desplazarse de urgencia a la base de mantenimiento para precintar el material y evitar nuevas intervenciones no autorizadas.
El informe concluye recordando que Adif no recibió permiso oficial para meter maquinaria pesada y reconstruir la vía hasta el 28 de enero. Sin embargo, la retirada de las piezas bajo sospecha se ejecutó casi una semana antes, una maniobra que la Guardia Civil ha puesto en conocimiento de la magistrada «para los efectos que estime oportunos», abriendo la puerta a posibles responsabilidades penales por obstrucción o desobediencia.
