El debate sobre los incendios forestales en España ha vuelto a encenderse, y no solo por la crudeza de las llamas. Un amplio colectivo de organizaciones ecologistas ha alzado la voz para exigir a las administraciones que dejen de culpar a la «suciedad» de los montes y se enfrenten de una vez por todas a las verdaderas causas de la tragedia: la acción humana. Asociaciones como ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura, entre otras, que integran tanto la Plataforma Ecologista como la Coordinadora en Defensa del Territorio, reclaman medidas urgentes y contundentes para atajar el problema de raíz.
Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), el 95% de los incendios en España son de origen antrópico. De estos, más de la mitad, concretamente el 52,70%, son intencionados. El resto se reparte entre negligencias, venganzas, disputas, vandalismo y pirómanos. Estas cifras demuestran que el factor humano es, con diferencia, el principal desencadenante de la destrucción forestal.
Los ecologistas denuncian que, a pesar de que los incendios se repiten año tras año en las mismas zonas geográficas –como Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía–, las administraciones no actúan con la suficiente antelación. En su lugar, se recurre a discursos recurrentes y, a su juicio, erróneos, como la necesidad de «limpiar los montes», «crear territorios en mosaicos» o «potenciar la ganadería extensiva». Las organizaciones ecologistas advierten de las consecuencias negativas de estas propuestas, muchas de ellas heredadas de la década de los ochenta.
Argumentan que la creación de paisajes en mosaico y el abuso de la ganadería extensiva reducen el tamaño de los ecosistemas y fragmentan los hábitats, lo que impide el asentamiento de especies forestales y conduce a la pérdida de biodiversidad. Contradiciendo el discurso oficial, señalan que el estrato arbustivo y semiarbustivo no es simplemente combustible, sino que proporciona cobertura al suelo, cobijo, alimento y sustento a otras especies, enriqueciendo la biodiversidad.
La crítica no se queda solo en la prevención, sino que también apunta a la falta de castigo efectivo para los responsables. Aunque se han detenido a miles de incendiarios en la última década, las organizaciones ecologistas consideran que la cifra es irrisoria si se compara con el promedio de más de 10.000 incendios forestales anuales en España. Además, la mayoría de los detenidos son sancionados por vía administrativa, siendo muy pocos los que son juzgados y condenados por el Código Penal. Esto, a su parecer, genera una sensación de impunidad que no disuade a los incendiarios.
Para atajar el problema, las organizaciones ecologistas proponen una serie de medidas que consideran efectivas. Entre ellas, recuperar las campañas de concienciación de los años 70 y 80, incrementar la vigilancia en las zonas más vulnerables y, sobre todo, establecer un mecanismo disciplinario real y ejemplarizante. Sostienen que, si se actuara de forma anticipada y contundente contra los incendiarios, se podría evitar la mayoría de los fuegos y ahorraría un inmenso daño ecológico y económico.
