El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una decisión histórica para la transparencia democrática de España: la desclasificación de «todos» los documentos que obran en poder de la Administración relacionados con el intento de golpe de Estado del 23-F. La medida llega justo cuando se cumple el 45 aniversario de la entrada de Tejero en el Congreso, poniendo fin a décadas de especulaciones y secretismo oficial.
Según ha confirmado el Ejecutivo, a partir de mañana dejarán de estar bajo llave un total de 153 unidades documentales que hasta ahora permanecían ocultas bajo el amparo de la antigua legislación de secretos oficiales.
El fin de una «anomalía democrática»
La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha sido la encargada de detallar el acuerdo tras la reunión del gabinete. «Esta medida permitirá desclasificar toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento relacionada con el 23-F», ha asegurado Saiz. La portavoz ha subrayado que estos archivos han permanecido ocultos por una «normativa franquista», pero que a partir de ahora podrán ser consultados libremente por la ciudadanía.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había anticipado la noticia este lunes, calificándola como el pago de una «deuda histórica». Desde el Gobierno defienden que con este paso se termina con «una situación atípica en las democracias modernas», recordando que países como Alemania ya realizaron procesos similares en 2012 al hacer públicos documentos sensibles de su historia reciente.
El argumento principal para levantar el velo de opacidad es que la difusión de esta información ya «no supone un riesgo real y presente» para la seguridad del Estado. «Para el franquismo todo era secreto por defecto y para siempre, si no se dice lo contrario», sentenció la portavoz, marcando distancia con la gestión de la información del régimen anterior.
¿Qué se podrá ver y qué no?
La desclasificación se hará efectiva este mismo miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde ese momento, los archivos pasarán a ser de dominio público y estarán alojados en la página web oficial de La Moncloa.
Respecto al contenido, la expectación es máxima sobre si estos papeles podrían alterar el relato histórico del golpe o arrojar nueva luz sobre el papel del rey emérito, Juan Carlos I. Saiz ha precisado que el material consta de «informes, transcripciones de conversaciones» y «alguna imagen».
Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han matizado las expectativas: los documentos se presentarán en formato PDF y no habrá material audiovisual (ni audios ni vídeos inéditos).
Anticipo a la nueva Ley de Secretos Oficiales
Esta maniobra política busca adelantarse a la aprobación definitiva de la nueva Ley de Información Clasificada, que sustituirá a la vigente ley franquista de 1968. El anteproyecto, aprobado en julio por el Consejo de Ministros y actualmente en tramitación parlamentaria, establece que los secretos oficiales quedarán automáticamente desclasificados una vez transcurridos 45 años desde los hechos.
«Esperamos ahora que el proyecto de ley pueda salir adelante en breve en el Congreso para que decisiones como esta dejen de ser una excepción y se conviertan en la norma», ha manifestado Saiz.
Reacciones políticas: entre el aplauso y la sospecha
La decisión ha generado una respuesta polarizada en el arco parlamentario. Mientras que los partidos de izquierda y socios habituales del Gobierno como el PNV han aplaudido la medida —aunque insistiendo en que es insuficiente y urgiendo a la aprobación de la nueva ley—, la oposición ha mostrado su escepticismo.
El Partido Popular (PP) ha calificado el anuncio de nueva «cortina de humo», sugiriendo que el Gobierno utiliza la memoria histórica para desviar la atención de los problemas actuales de la legislatura.
