Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha vuelto a alzar la voz ante lo que consideran un nuevo agravio para la provincia de León: la liberalización de la AP-71, que conecta León con Astorga, no llegará hasta el 20 de marzo de 2055, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE). La formación leonesista ha mostrado su indignación por los 30 años de espera que aún restan, en contraste con la eliminación progresiva de peajes en el resto de España.
UPL recuerda que la propia Comisión Europea ya tachó de «ilegal» la prórroga de la AP-66 —que se mantendrá hasta 2050— por incumplir la normativa europea sobre concesiones. Pese a este pronunciamiento, el Gobierno de España ha optado por mantener la concesión de la AP-71, perpetuando una situación que la secretaria general de UPL, Alicia Gallego, califica de “condena” para la provincia leonesa, que sufre una grave crisis demográfica y económica.
Desde la formación se ha recordado que llevan años exigiendo la supresión del peaje mediante diversas Proposiciones No de Ley registradas en las Cortes de Castilla y León en 2016, 2018 y 2024. Sin embargo, denuncian que ni PP ni PSOE, pese a sus continuos discursos en favor del mundo rural, han tomado medidas reales cuando han gobernado en España.
“Los desequilibrios territoriales no desaparecen acusándonos de victimistas o anunciando inversiones que nunca llegan. Se necesitan políticas que hagan atractiva esta tierra”, expresó Gallego, subrayando que la falta de infraestructuras modernas sigue siendo un lastre para la provincia.
UPL defiende la necesidad de suprimir este peaje o, al menos, rebajar las tarifas a precios asequibles que eviten el desvío obligatorio hacia la N-120, una carretera nacional que acumula un evidente deterioro. Además, lanzan un mensaje al actual ministro de Movilidad, Óscar Puente: “Ya no es alcalde de Valladolid, ahora debe cumplir con la provincia de León y dotarla de las infraestructuras necesarias para frenar la sangría poblacional”, sentenció Gallego.
