Las Plataformas por la Sanidad Publica de Castilla y León cuestionan la contratación de médicos sin especialidad

Ahora León, Noticias de León, Médicos CyL

En la década 2011-2020 se alerta sobre la falta de especialistas y las dificultades para el relevo generacional durante la década 2021-2030, sobre todo de Medicina Familiar y Comunitaria y de Pediatría.

La situación es similar en Castilla y León. En 2020 datos de la Consejería de Sanidad señalaban, un “importante número de vacantes en la plantilla de Atención Primaria y dificultad para la cobertura de la atención continuada. En los hospitales había dificultades para la cobertura de las plazas de médicos, sobre todo en hospitales de nivel I y II y en ciertas especialidades y Servicios (Cardiología, Dermatología, Anestesiología, Traumatología, Oftalmología, Pediatría, Radiología, Microbiología, Anatomía Patológica, Urgencias…)”.

1.      SITUACIÓN ACTUAL

a.       El relevo generacional está en riesgo por la falta de un sistema estable y justo en el que estén equilibradas las salidas y las entradas de profesionales.

Desde diversos sectores se viene indicando la necesidad de aumentar el número de profesionales que anualmente se forman en nuestro país.

Igualmente conviene recordar que no basta con que haya profesionales disponibles, sino que necesitamos que sean dignas y atractivas las condiciones laborales y la perspectiva de progresión en la profesión y en la estabilidad del empleo.

También debe perfeccionarse el sistema, ya que hay varias cuestiones laborales comunes que contribuyen a desincentivar a los profesionales:

• Retribuciones, jornada anual y carrera profesional. Otras comunidades vecinas de Castilla y León ofrecen mejores condiciones laborales y retributivas. Si se quiere atraer y fidelizar a especialistas es preciso mejorar las que se ofrecen en Castilla y León. Además, buena parte de la retribución se obtiene realizando guardias, por lo para profesionales de especialidades con pocas o ninguna guardia puede ser más atractivo trabajar en la actividad privada o en otras comunidades.
• Sustitución de las ausencias o permisos reglamentarios. Acumulaciones. En Castilla y León se sustituye menos del 25% de los días de ausencia, siendo en ocasiones inexistentes, lo que incluso provoca que permisos para formación sean denegados, dificultándose la actualización necesaria en la profesión médica.
• Plazas de difícil cobertura. El intento de implementar el concepto de “difícil cobertura” por la anterior consejería ha infravalorado el propio concepto. En Castilla y León hay plazas de difícil cobertura no solo en las regiones más periféricas y despobladas sino en buena parte de nuestra geografía. Excepto las ciudades mayores, y quizás no todas, son plazas difíciles buena parte de los destinos, tanto en Atención Primaria como en el medio hospitalario.

Por otra parte, el incentivo se ha limitado a un complemento económico y no se ha acompañado de otros incentivos necesarios como una mayor puntuación por tiempo trabajado para oposiciones o concurso de traslados, integración en redes y proyectos de investigación, formación y docencia…).

Reconociendo que hay puestos con peores condiciones que otros, y por tanto deben gratificarse mejor, toda la Comunidad debe dotarse de condiciones laborales capaces de competir con el mercado sanitario nacional, incluso internacional si tenemos en cuenta la emigración de nuestro profesionales al países europeos

• Insuficiencia de los concursos de traslado y abuso de la figura de la comisión de servicio. Aunque el sistema de concursos de traslados abiertos y permanentes está en vigor, a día de hoy todavía no se percibe como una realidad consolidada en cuanto a periodicidad anual y oferta de todas las vacantes. Esto hace que se rechacen plazas en sucesivas convocatorias de oposiciones, ya que los candidatos prefieren seguir siendo interinos a obtener una plaza en propiedad si no tienen una perspectiva realista de movilidad a medio plazo.
• Sistema de concurso oposición poco transparente y arbitrario. A diferencia de otros empleados públicos, en Sanidad, quienes superan el proceso de concuro-oposición no eligen un destino provisional de entre las vacantes existentes (con la obligación de concursar a traslado a los dos años). En Sanidad se opta a un destino definitivo a escoger entre una lista cerrada de vacantes que se hace pública una vez conocido el resultado del concurso oposición. Esto permite que los puestos concretos a ofertar se diseñen a medida. Algunas plazas se escamotean para que determinados candidatos no tengan opción a ella, mientras que otras sí que salen, para permitir que otros candidatos lleguen a la plaza deseada. Además, en las últimas oposiciones (véanse las de médicos de familia y pediatras) se están ofertando casi exclusivamente plazas poco atractivas. Hacer esto sin poner en marcha los incentivos propuestos desmotiva a los profesionales, que se ven tentados a intentar consolidar su empleo en otras comunidades.
• Contratos de Área, contratos de “pool”, contratos de guardias y contratos eventuales

En informes previos sobre la situación general de la Atención Primaria, y sobre la Pediatría en Atención Primaria, se han observado los resultados contraproducentes de este tipo de contratos, que sin embargo han sido incentivados.

• Los profesionales de Área tienen peores condiciones laborales que sus compañeros de equipo, mayores jornadas anuales, peor programación de calendarios, falta de continuidad y contacto personalizado con los pacientes, al no disponer de cupo propio y tener que hacer cada vez más actividad continuada (guardias) y menos actividad ordinaria (consulta y domicilios)…
• Los contratos de “pool” fueron concebidos para la cobertura de incidencias en los hospitales ya que con las actuales plantillas, muy ajustadas, no se podría afrontar la carga de trabajo de una ausencia imprevista. Estas profesionales tienen unas condiciones en las que es habitual:
  • que su calendario de trabajo varíe de un día para otro, incumpliendo los acuerdos sobre calendarios y turnos de trabajo, con la dificultad que supone para la conciliación familiar.
  • que no conozcan con antelación el puesto de trabajo, que en ocasiones incluso varía dentro de la misma jornada
  • que no se organice a estas profesionales por áreas de actividad, de modo que pueden tener que trabajar en zonas muy diversas, que requieren de competencias específicas, y asumir pacientes que no conocen previamente.
• Los contratos eventuales “de refuerzo” y los contratos de guardias han sido la forma habitual de contar con más profesionales (sobre todo en especialidades médicas) en Servicios y Unidades hospitalarios sin aumentar la plantilla orgánica. Esta aparente ventaja para la institución en términos de flexibilidad y facilidad para la eventual finalización de contratos, supone para el profesional una fuente de inquietud y desmotivación: por la incertidumbre sobre la continuidad laboral y las repercusiones que esto tiene para la planificación personal y familiar (por ejemplo de cara a la compra o no de vivienda). Además del riesgo que supondría una enfermedad o un accidente.

Estos cuatro tipos de contrato precario podrían ser “aceptables” para el profesional en un escenario de transitoriedad y de expectativas de mejora, a través de ofertas públicas de empleo, y de la cobertura de las vacantes que se van produciendo. Cuando la situación se prolonga durante años pasa a percibirse como una carga y un estancamiento profesional y consecuentemente, estos empleados buscan otras opciones menos desfavorables.

b.      La Junta de Castilla y León contrata a médicos sin especialidad.

Esta práctica se inicia antes de la pandemia, incumpliendo la legislación. El 29 de enero de 2019, el Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León anunció que denunciaría la contratación de médicos sin especialidad para la Gerencia Regional de Salud (SACYL).

 Por su parte, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) afirmó que la medida es “disparatada e inadmisible” y puede tener consecuencias en la calidad de la asistencia, además de ser una falta de respeto a los pacientes y un desprecio a los Médicos especialistas en Medicina de Familia.

A principios de 2020 la Junta de Castilla y León anunció la retirada de dicho plan[6]

Pero, con motivo de la emergencia sanitaria originada por la pandemia, se facultó de forma excepcional a los servicios públicos de salud para la contratación de médicos sin especialidad y se retoma su contratación.

Esta práctica se ha mantenido e intensificado tras la pandemia, ya sin paraguas legal:

• El 24 de octubre de 2022 un médico jubilado de Atención Primaria denuncia que en Castilla y León trabajan como Médicos de Familia, “médicos que aún no tienen la especialidad haciendo guardias como les corresponde a los Médicos de Familia sin serlo y pasando consulta matutina en soledad, sin ningún Médico de Familia responsable”. También denuncia la presencia de “médicos procedentes de países extracomunitarios que no tienen la homologación del Grado, ni mucho menos la de Especialidad”. En ese momento la cifra reconocida por la Consejería de Sanidad es de 120 médicos contratados sin homologació
• En enero de 2023, la Socalemfyc denuncia que la Consejería de Sanidad de Castilla y León “persiste en la ilegalidad” al contratar graduados en Medicina sin especialidad pidiendo al Sacyl que ponga fin “de forma inmediata” a esta práctica. Consideran que es un “fraude para la población” que desincentiva la formación de jóvenes médicos de familia y provoca su huida de Castilla y León.
• En junio de 2023 la Fiscalía de Castilla y León determina el archivo de la causa contra el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, por la denuncia de la contratación de personal médico sin título de especialista, por lo que avala dicha contratación de facultativos durante febrero-marzo de 2020 y marzo de 2022.
• En noviembre de 2023 la Consejería reconoce tener contratados en activo 325 médicos sin especialidad.
  

  1.      CONSIDERACIONES

  a.       Consideraciones legales

  Desde el 1 de enero de 1995 (Real Decreto 853/1993 de 4 de junio) contratar médicos sin especialidad es ilegal. Para ejercer en el sistema sanitario público, es necesario además de la licenciatura o grado, tener una especialidad.

  La normativa que permitía esta situación con carácter excepcional y con motivo de la pandemia por Covid-19 (Real Decreto Ley 29/2020 del 29 de septiembre, cuando se estableció la posibilidad de poder contratar personas que, contando con el grado o licenciatura correspondiente carecían del título de especialista reconocido en España), decayó en octubre de 2021.

  Por tanto, en estos momentos, es ilegal la contratación de médicos sin especialidad para ejercer actividad asistencial en el sistema público de salud con carácter general y en Sacyl, con carácter particular.

  b.      Repercusiones en la equidad

  Esta práctica atenta contra la equidad. Una parte de la población, sobre todo en zonas rurales, recibe una atención médica que no cumple la normativa actual, por profesionales que no han acreditado de forma reglada sus competencias. Por tanto, para esta población no se está prestando una asistencia sanitaria en equidad, al no contar con las mismas condiciones y garantías de calidad.

  c.       Repercusiones en la calidad asistencial y en la seguridad para el paciente

  Contar con médicos sin especialidad significa que no se cuenta con la garantía de disponer de las competencias y conocimientos requeridos para la prestación sanitaria. Esto afecta a la calidad del sistema sanitario público tanto en el Atención Primaria como en los hospitales. Pero afecta sobre todo a la Atención Primaria, especialmente a las zonas rurales, en las que es menor la posibilidad de tutela por parte del resto de profesionales, al ser equipos más pequeños.

  d.      Repercusiones para los profesionales de los dispositivos implicados

  Los profesionales de los equipos con médicos sin especialidad sufren también un estrés y sobrecarga adicional, ya que se ven en la necesidad de supervisar la actuación de estos. Se está desprestigiando la especialidad de Medicina de Familia y se abre una puerta a no realizar el MIR para trabajar en Atención Primaria.

  Esta situación también es desincentivadora e injusta para los médicos que están realizando su formación MIR, al ver menoscabados sus derechos formativos y expectativas laborales. Recordemos que en 2023 en Castilla y León no se cubrieron 55 de las 190 plazas de Medicina de Familia ofertadas.

  a.       La incapacidad de gestionar no se soluciona culpando a otros

  La Junta de Castilla y León ha respondido a las críticas pidiendo la creación de más plazas MIR, obviando que en nuestra Comunidad en las últimas convocatorias quedan plazas desiertas. En 2023, 55 de las 290 plazas no adjudicadas de Medicina de Familia pertenecen a Castilla y León. Es decir, un 29% de las 190 plazas MIR de Medicina de Familia ofertadas en Castilla y León quedó desierto. [1]

  La evolución de las adjudicaciones de Medicina Familiar y Comunitaria en las últimas convocatorias apunta una pérdida de atractivo. La medida de la Junta contribuye a esta pérdida de prestigio y valor ya que “da por bueno” que sus contenidos y competencias profesionales los pueda realizar cualquier médico sin la especialidad.

  Para mejorar el atractivo de la especialidad hay que implementar más medidas como una mayor presencia en la Universidad (a través de la creación de cátedras y contenidos específicos en el Grado de Medicina), potenciar la investigación tanto durante la etapa MIR como por parte de los especialistas, mejorar las capacidades formativas de las unidades docentes, mejores condiciones laborales a tutores y a los especialistas recién titulados para que puedan desarrollar su especialidad …

•  CONCLUSIONES

  1. La contratación de médicos sin titulación de especialista incumple la legislación. La autorización excepcional y temporal debida a la pandemia decayó en octubre de 2021.
  2. La falta de profesionales, sobre todo en Atención Primaria y en las zonas rurales es consecuencia de una mala gestión que no ha cuidado las condiciones laborales ni ha previsto el necesario recambio generacional.
  3. Se está generando inequidad. La población afectada no accede a la asistencia sanitaria con las condiciones y garantías de calidad que determina la legislación.
  4. Esta práctica afecta a la calidad de la prestación asistencial y a la seguridad para los pacientes, ya que se realiza por médicos sin especialidad que no han acreditado las competencias y conocimientos requeridos para esta prestación sanitaria.
  5. Los profesionales de los equipos con médicos sin especialidad sufren también un estrés y sobrecarga adicional, ya que se ven en la necesidad de supervisar la actuación de estos.
  6. Esta situación es desincentivadora e injusta para los médicos MIR y para el prestigio de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Se está propiciando que las próximas generaciones se planteen no realizar el MIR o ejercer fuera de España.
  7. Exigimos a la Junta de Castilla y León que cese en estos “atajos” y de respuesta a las necesidades de la población conforme a la Ley.
  8. Exigimos un Pacto por la Sanidad en Castilla y León. Un pacto consensuado que preserve los principios de la Sanidad Pública. Un acuerdo social que cuente con todos los agentes implicados, tanto a nivel político y sindical como de la población a través de las plataformas y organizaciones de defensa de la Sanidad Pública, asociaciones de pacientes, consejos de salud, etc. Un pacto que contemple medidas a corto medio y largo plazo para devolver a nuestra Sanidad Pública a los niveles que nuestra sociedad merece en cuanto a financiación, recursos materiales, número de profesionales, condiciones laborales y participación ciudadana. Un pacto, en definitiva que se base en mejorar los recursos propios (en lugar de descapitalizar el Sistema Sanitario Público derivando partidas presupuestarias a externalizaciones y convenios).