El documento, si bien reconoce «primeros pasos» en medidas preventivas, advierte sobre el «alto riesgo de corrupción» en la contratación pública y la financiación de partidos políticos. La Comisión insiste en que la legislación electoral en este último ámbito «persiste como área de alto riesgo» y lamenta la falta de avances en la reforma, en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas.
Tareas pendientes y reacciones políticas
El informe de 20 páginas dedicado a España no identifica riesgos sistémicos para el Estado de derecho, pero sí señala la urgente necesidad de acometer reformas en áreas clave como el sistema judicial, la transparencia y los medios de comunicación. Un punto central de la crítica de Bruselas es la demora en la reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una demanda recurrente de la Comisión.
La Unión Europea también ha puesto el foco en la ley de protección al denunciante de 2023, la cual exigía al Gobierno español la presentación de una «amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción» para septiembre de 2024. Sin embargo, el informe apunta que este trabajo está «aún por empezar».
Desde el Partido Popular, Borja Sémper ha reaccionado a la noticia en X, afirmando que «todo esto pasará y revertiremos el daño causado», subrayando que el trabajo está «aún por empezar».
Conflictos de interés: Un area con escasos avances
A pesar de admitir avances iniciales en la regulación de conflictos de interés para altos cargos y lobbies, así como en el refuerzo de la Oficina de Conflictos de Interés, el informe de la Comisión Europea es contundente al señalar la ausencia de progreso en la mejora de las normativas sobre conflictos de interés en las diversas administraciones del sector público.
La Unión Europea insta a España a tomar medidas decisivas para abordar estas deficiencias y fortalecer la integridad en todas las esferas del gobierno y la administración.
